La Corte Suprema inició la revisión de un incidente que afectó el funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual (OJV), luego de que un abogado ingresara de manera automatizada más de 38 mil escritos al sistema en un período de tres días, situación que provocó la interrupción del servicio y encendió las alertas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en procesos judiciales.
De acuerdo con los antecedentes recopilados, el hecho fue detectado el 25 de julio, cuando el jefe del Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles informó el ingreso masivo de escritos realizados por el abogado Paul Chateau. La mayoría de las presentaciones correspondían a solicitudes de desarchivo de causas y renuncias de patrocinio y poder, distribuidas en tribunales civiles de todo el país.
Según los registros, durante ese período fueron ingresados 38.477 escritos, lo que representó entre 500 y 900 presentaciones por cada tribunal civil. La magnitud de la operación generó una sobrecarga en la plataforma digital del Poder Judicial, afectando el funcionamiento normal de la Oficina Judicial Virtual.
En un documento suscrito por la jueza Rocío Pérez Gamboa, el comité de jueces civiles calificó la situación como un eventual caso de abuso procesal y advirtió que el uso masivo de herramientas tecnológicas habría vulnerado las condiciones de utilización de la plataforma judicial. Asimismo, solicitó limitar temporalmente el acceso del abogado involucrado mientras se investigan las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos.
De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, el propio abogado habría señalado que utilizó un programa automatizado para presentar las renuncias de patrocinio en múltiples causas vinculadas a diversos clientes, evitando realizar el procedimiento de manera individual en cada expediente.
Junto con solicitar la revisión disciplinaria del caso, los jueces civiles pidieron a la Corte Suprema avanzar en una regulación específica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la tramitación electrónica de causas, mientras no exista una política institucional que establezca criterios claros para su utilización.
Entre las medidas propuestas también se incluye la incorporación de mecanismos tecnológicos de seguridad, como sistemas de verificación tipo CAPTCHA y otras barreras que permitan impedir el ingreso masivo de escritos y la extracción automatizada de información desde la plataforma judicial, con el objetivo de resguardar la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema. (NP_ChatGPT-Emol-La Tercera)