El pleno de la Corte Suprema resolvió destituir a tres funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), luego de una investigación administrativa por presuntas faltas a la probidad relacionadas con actividades desarrolladas desde el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI).

Los funcionarios afectados son Mario Lara, Esteban Paiva y Pablo Cabezas, quienes durante los últimos meses estuvieron bajo investigación en un sumario instruido por la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo.

La indagación comenzó después de que el Consejo Superior de la CAPJ recibiera una denuncia anónima con antecedentes que, en caso de comprobarse, fueron considerados de especial gravedad. A partir de ello, Gajardo quedó a cargo del procedimiento administrativo.

Las sospechas apuntaban a que funcionarios de la corporación habrían aprovechado conocimientos adquiridos en el organismo encargado de la administración del Poder Judicial para desarrollar paralelamente actividades profesionales fuera de la institución.

La investigación se concentró particularmente en el Departamento de Desarrollo Institucional, donde Lara ejercía como jefe, Paiva como subjefe y Cabezas se desempeñaba como funcionario.

Entre las funciones de Lara dentro de la CAPJ se encontraba la implementación de herramientas de inteligencia artificial en el Poder Judicial chileno. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, posteriormente habría desarrollado actividades similares relacionadas con el Poder Judicial de República Dominicana y otros países.

Las pesquisas apuntaron a que los funcionarios participaban en el desarrollo de aplicaciones vinculadas con inteligencia artificial y su utilización en el sistema judicial chileno, conocimiento que posteriormente habría sido ofrecido como servicio en el extranjero.

Tras la investigación, la ministra Gajardo formuló cargos contra los tres funcionarios y los antecedentes fueron revisados por el Consejo Superior de la CAPJ.

En una primera instancia, el organismo resolvió la destitución de Lara, mientras que para Paiva y Cabezas determinó suspensiones de dos meses y la apertura de respectivos cuadernos de remoción.

Los tres funcionarios apelaron a las sanciones mediante su abogado, Alexander Linford, argumentando que las medidas eran injustificadas y negando haber utilizado recursos institucionales para desarrollar actividades académicas en el extranjero.

La defensa también cuestionó la legalidad del procedimiento administrativo y sostuvo que durante su tramitación se habrían vulnerado normas internas del Poder Judicial y garantías relacionadas con el debido proceso.

Sin embargo, el lunes 31 de agosto, el pleno de la Corte Suprema resolvió endurecer las sanciones y dispuso la destitución inmediata de los tres trabajadores por pérdida de confianza. De acuerdo con los antecedentes entregados, hasta ese momento los involucrados todavía no habían sido notificados formalmente de la decisión.

El caso también podría tener consecuencias fuera del ámbito administrativo. La ministra Gajardo remitió semanas atrás los antecedentes al Ministerio Público mediante una denuncia, al considerar que algunos de los hechos detectados durante el sumario eventualmente podrían revestir características de delito.

Será la investigación penal la que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para establecer eventuales responsabilidades de esa naturaleza, de manera independiente de las sanciones administrativas adoptadas por el máximo tribunal.

En tanto, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien preside el Consejo Superior de la CAPJ, se mantuvo apartada de las actuaciones relacionadas con el caso. Según fuentes judiciales citadas en los antecedentes, la magistrada se inhabilitó debido a su cercanía con Lara. (NP-ChatGPT-La Tercera)