La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente este martes un recurso de amparo presentado por la defensa de la senadora Camila Flores (PS), investigada por un presunto fraude al fisco, y estableció restricciones para el examen de los dispositivos electrónicos incautados durante la investigación.

La acción judicial buscaba limitar el acceso del Ministerio Público a la información contenida en los equipos con el objetivo de proteger aspectos de la vida personal, familiar y social de la parlamentaria que no tengan relación con los hechos investigados.

En su resolución, el tribunal de alzada determinó que la Fiscalía podrá revisar los dispositivos, pero deberá ajustarse estrictamente a los límites establecidos en el fallo.

De esta manera, deberán excluirse del análisis los antecedentes que no tengan pertinencia con los hechos investigados o con las circunstancias que justificaron originalmente la incautación de los equipos.

El abogado de Flores, Luis Masferrer, valoró la resolución y aseguró que la defensa no pretende impedir el desarrollo de la investigación, sino establecer parámetros objetivos, controles judiciales y resguardos para los derechos fundamentales de la senadora.

Según explicó el abogado, la Corte estableció límites relacionados con fechas, personas y materias que podrán ser consideradas durante el análisis de la información almacenada.

El fallo también dispone que la Fiscalía deberá informar al tribunal quiénes serán los funcionarios autorizados para acceder a los equipos y cuáles serán los descriptores o criterios de búsqueda utilizados durante el procedimiento.

Entre las medidas ordenadas se encuentra además que la custodia de los dispositivos permanezca exclusivamente bajo responsabilidad de la Fiscalía Regional.

El Ministerio Público deberá comunicar al juez de garantía la identidad de los funcionarios que tendrán acceso a los equipos y mantener un registro que permita controlar el procedimiento de revisión.

De acuerdo con la defensa, la Corte también prohibió utilizar antecedentes anteriores a la primera elección de Flores y ordenó dejar fuera del análisis cualquier contenido que no mantenga una relación directa con los hechos que dieron origen a la investigación y justificaron la incautación.

Como mecanismo adicional de control, los descriptores utilizados para buscar información dentro de los dispositivos deberán ser comunicados al Juzgado de Garantía. La medida busca mantener trazabilidad respecto de los antecedentes que serán examinados y las razones para hacerlo.

La resolución también aborda el tratamiento de información que eventualmente haya sido obtenida fuera de los parámetros establecidos. En esos casos, las copias de antecedentes sin interés para la investigación penal deberán ser eliminadas.

La Fiscalía tendrá que informar al tribunal los procedimientos aplicados para efectuar esa eliminación e identificar a las personas responsables de ejecutarla.

Con la resolución, la investigación podrá continuar, aunque bajo restricciones respecto del acceso y tratamiento de los datos contenidos en los dispositivos incautados a la parlamentaria.

La decisión se suma a otro episodio procesal ocurrido durante la investigación, luego de la remoción de la fiscal Paola Castiglione, quien inicialmente estaba a cargo de la causa, tras una denuncia relacionada con presuntas filtraciones de antecedentes del proceso. (NP-ChatGPT-La Tercera)