Pese a que el pasado 18 de abril el 7° Tribunal de Garantía de Santiago descartó los delitos de asociación ilícita y lavado de activos en la formalización del general (r) y ex jefe de finanzas de Carabineros, Iván Whipple, la Corte de Apelaciones sí acogió la plausibilidad de ambos delitos, en el caso del millonario fraude en la policía uniformada.
Así lo consideró este lunes el tribunal de alzada que aumentó de arresto domiciliario total a prisión preventiva la medida cautelar de Whipple.
DELITOS «GRAVES»
En sus alegatos, el Ministerio Público dijo que los delitos atribuidos al ex uniformado «eran graves», ya que habría permitido «el desvío de casi 12 mil millones de pesos», mientras ejercía como director de finanzas entre 2006 y 2011.
Sobre todo, porque tenía a su cargo cuatro departamentos de dicha dirección: el Departamento I de Presupuestos y Finanzas, el Departamento II de Normas y Procedimientos, el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones, y el Departamento IV en el rol administrativo.
Explicaron que era contradictorio que el tribunal valorara la evidencia en la malversación de caudales públicos, pero descartara el lavado de activos y la asociación ilícita, e insistió en la calidad de autor que el imputado tenía en los tres delitos.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado alegó que Whipple «al desempeñarse como director de finanzas no podía menos que conocer este faltante (casi $12 mil millones) y que, al menos, debió efectuar alguna medida o adoptar alguna medida conducente a determinar la forma en que se producía ese faltante importante».
El representante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, dijo que el fallo es importante, porque acoge los dos delitos que se habían descartado en el juzgado de garantía, que solo consideró la imputación de malversación de caudales públicos.
El consejero detalló que «se acogió la posición del CDE sobre su participación en lavado de activos, que el tribunal de garantía había considerado como inexistente». «Por el cargo que ocupó, el alto rango de general, es una resolución bastante importante», aseguró.
En tanto, la defensa del general en (r) ha planteado en tribunales que se debe aplicar la media prescripción de los delitos que se le imputan a Whipple, pues asumió en el cargo en 2006.
En junio vence el plazo de la investigación que se amplió en enero, y la fiscalía estudia pedir una nueva extensión. (El Mercurio)
