Toda crisis es una oportunidad, dicen los chinos. Corrijo breve, pero sustantivamente. No “es”; “puede ser”, si así deciden hacerlo personas conscientes con su voluntad e inteligencia. Esto parece que no vemos en el gobierno actual ante los actos de corrupción de algunos/as de sus funcionarios y partidarias realizadas a través de fundaciones de desarrollo social.
Vimos esa conducta de aprovechar la oportunidad para mejorar en el Caso Mop-Gate, cuando el Presidente Lagos reconoció los errores detectados y propuso y consiguió aprobar toda una nueva legislación para que no ocurrieran cosas semejantes en el futuro. Esto involucró prohibiciones más explícitas, castigos e incluso elevar sueldos de altas autoridades del Estado para atraer a los mejores a las tareas públicas claves. Más discutible sería que eso se aprovechó para subir demasiado los sueldos de altos funcionarios públicos y, sobre todo, de parlamentarios. Para aquello el Presidente Lagos fue muy pro activo, y su oposición fue generosa para aprobar esas leyes en tiempo récord. Algo semejante ocurrió con el Caso Soquimich, aprovechándolo para terminar con el financiamiento ilegal de la política. Se establecieron desde entonces leyes para aportes más transparentes a los partidos, mayores obligaciones financieras para ellos, etc. Nada de esto, sin embargo, justifica los delitos ni la excesiva demora del sistema judicial en terminar los juicios e imponer castigos.
Muy poco de ese intento por corregir veo por parte del actual gobierno, a ya casi dos meses desde el descubrimiento del caso más grave de corrupción pública en las últimas décadas. Sólo el de las platas de Pinochet sería -posiblemente- comparable. El caso fundaciones es mucho más grave que el de Soquimich. Hay un abuso inexcusable de apropiarse para fines personales o propios de sus carreras políticas de dinero que estaba destinado a pobladores de campamentos muy pobres y con urgentes necesidades sociales.
El gobierno pareciera creer que los chilenos somos tontos, no entendemos, o no le damos tanta importancia a estas cosas. Lo dudo. Tanto gobierno como partidos del Frente Amplio y PC creen que van a zafar dando ingeniosas explicaciones -como que “ellos son grandes” y pueden responder, que esto pasa en todas partes, etc.- o con otras maniobras comunicacionales astutas. Tampoco se cerrará el caso con “entregar todos los antecedentes a fiscalía”, renuncias, castigos, o devolución de dineros. Eso es lo mínimo, pero no basta. Menos con posibles intentos de ocultar evidencias con otras maniobras delictuales propias de la mafia.
Esto ya no es pura política. Esto es un tipo de abuso que golpea algo esencial respecto a cómo funciona el país como organización humana, como red de confianzas humanas. Esto quiebra la confianza mínima que toda organización o sociedad necesita tener en las personas a quienes le da el encargo de dirigirlas y, con mayor razón, gobernar un país. Así lo entienden los socios de un club de rayuela o cualquiera mamá, papá o abuela en una familia.
Lo que ocurrió se asemeja a una mamá que le entregó plata a los dos hijos mayores para comprar leche en el almacén para los hermanos chicos. Y esos hermanos grandes se compraron zapatillas para ellos y el saldo en regalos a las pololas para carretear el fin de semana. ¿Qué esperan ustedes que haga una mamá frente a ese comportamiento? Sería bueno que vayan a preguntarles a sus papás o abuelas. Primero habría un castigo ejemplar. No bastará con que les digan que nos sabían, ni que van a conseguir cómo devolver la plata. En segundo lugar, creo que unos padres responsables esperan que esos hijos les pidan perdón. No sé ustedes, pero yo sigo esperando que me pidan perdón. Hablo no sólo por el dinero puesto por mí y por muchos chilenos más pobres, dineros destinados para nuestros hermanos más chicos y vulnerables. Es por el abuso de confianza que nos sentimos ofendidos. El Presidente Boric está en deuda.
También está en deuda de tomar medidas drásticas para que esto no siga sucediendo y en garantizar que no vuelva a suceder. Para eso se necesita de inmediato medidas concretas como las siguientes:
1.- Obligación para toda fundación y corporación (FyC) que utilice recursos fiscales -y de particulares por sobre un cierto mínimo- de entregar anualmente su FECU (Ficha Uniforme de Datos Económicos) a la autoridad y a la opinión pública (igual como establece la ley hacer trimestralmente hoy para las SA abiertas a la Bolsa).
2.- Creación de una Superintendencia de Fundaciones y Corporaciones que revise esas FECU y el cumplimiento de las leyes por parte de esas instituciones, transparente la información a todo el país y sancione incumplimientos en plazos breves.
3.- Obligación a todas las FyC grandes de realizar una auditoría independiente por parte de entidades especializadas certificadas cada tres o cinco años.
4.- Obligación para todo organismo del Estado que entregue fondos a FyC de exigir y publicar la Rendición de Cuentas e Informe de Cumplimiento de cada programa financiado con sus fondos, y de publicar esos informes para que estén disponibles sin restricción alguna a todo el público.
5.- Extender algunas o todas las obligaciones señaladas arriba a Programas realizados por Organismos Públicos que son equivalentes a los realizados por Fundaciones, Corporaciones u ONG privadas.
¿No cree usted que tenemos derecho a esperar a lo menos lo señalado aquí por parte de un gobierno digno de la República de Chile? (El Libero)
Ernesto Tironi
