Si Chile espera consolidarse en la senda del desarrollo, funcionarios como el detenido en Ercilla por una supuesta participación en un robo con violencia deben ser desvinculados del aparato público. Si bien el caso fundaciones tiene un impacto mediático mayor que el de esa persona en el sur, éste es igualmente grave. La probidad y la transparencia deben primar ante todo y los poderes del Estado deben trabajar en conjunto para mejorar las herramientas fiscalizadoras existentes, incorporar otras más modernas y sancionar sin distinción.
Los Estados pueden fallar por diversos motivos, pero sin duda el más efectivo es aquel que viene desde dentro y provoca la implosión del Estado-Nación. Son esos funcionarios fácilmente corrompibles que al igual que el robo hormiga en un supermercado van minando poco a poco a las instituciones.
Cuando la senadora Rincón dijo que tomaría palco para referirse a lo difícil que se le venía al nuevo gobierno, no pensamos que seríamos testigos de una puesta en escena que incluyera problemas de seguridad, económicos, sociales y políticos. Una mezcla que, si bien tiene influencias diversas, su mayor dificultad viene desde el corazón: Los partidos oficialistas y funcionarios públicos poco probos.
El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional ubica a Chile con exactamente el mismo puntaje desde el año 2017, variando uno o dos puntos en su posición dependiendo del ranking de otros países. Preocupa de sobremanera ese estancamiento, son cinco años sin cambios, quinquenio que ha visto crecer al crimen organizado y a los escándalos de corrupción en distintas municipalidades e instituciones públicas.
Nuestro país no alcanzará nunca el desarrollo si esas prácticas se mantienen ni tampoco mejoraremos nuestros indicadores de seguridad. La corrupción es la puerta que ha permitido al narcotráfico penetrar en varias naciones latinoamericanas, impactando su tejido social y economía. Chile no es una excepción ni un oasis, el puerto de San Antonio hace tiempo que es usado para exportar droga, las economías ilícitas crecen en torno a nuestras materias primas y las ciudades deben lidiar con crímenes importados.
Incorporar mecanismos de denuncia anónima, vincular las metas colectivas de los servicios a objetivos de probidad y transparencia, además de realizar un exhaustivo análisis de cada persona que trabajará en el Estado, ya sea como funcionario público o asesor político de confianza son sólo algunas medidas que se pueden tomar.
Este no es un tema de privados o público, es un aspecto fundamental para alcanzar el tan anhelado desarrollo. Todos debemos contribuir. Y, aprovechando este segundo proceso constitucional, el nuevo texto debería fortalecer los procedimientos de pesos y contrapesos. No hay una institución más poderosa que otra, lo que debiese existir es un mecanismo que mantenga el equilibrio e impida que un poder supere a otro, evite al máximo los vicios que puedan surgir y entrega fortaleza institucional. Este, sin duda, es el mayor desafío para el gobierno de turno. (El Líbero)
Pilar Lizana
