La próxima entrada en funcionamiento del Corredor Bioceánico Vial, que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, ha generado preocupación entre autoridades de seguridad, fiscales y representantes del sector privado por el riesgo de que la nueva infraestructura comercial sea utilizada por organizaciones criminales para transportar drogas y otras mercancías ilícitas hacia los puertos del norte del país.

El proyecto, cuya finalización está prevista para fines de 2027, contempla una ruta de aproximadamente 2.400 kilómetros que unirá el océano Atlántico con el Pacífico, facilitando el traslado de productos desde el interior de Sudamérica hacia los terminales portuarios de Iquique, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla.

La iniciativa representa una oportunidad para fortalecer el comercio internacional, reducir los tiempos de transporte y consolidar el papel de Chile como plataforma logística para los mercados de Asia-Pacífico. Sin embargo, las ventajas de conectividad también podrían ser aprovechadas por redes dedicadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos.

Las advertencias adquirieron especial relevancia después de que la Fiscalía Metropolitana Sur formalizara a 19 presuntos integrantes de la primera célula del Primer Comando de la Capital (PCC) identificada en Chile. Todos quedaron en prisión preventiva.

El PCC, organización criminal originaria de Brasil, es considerado uno de los grupos delictuales transnacionales de mayor capacidad operativa en Sudamérica, con actividades vinculadas al tráfico de drogas, delitos violentos y otras economías ilícitas.

Durante un seminario sobre comercio global organizado por la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, advirtió que Chile presenta deficiencias de infraestructura y seguridad para enfrentar el aumento del transporte de carga que implicará el corredor.

La autoridad cuestionó las condiciones actuales de los complejos aduaneros, la disponibilidad de carreteras y espacios de estacionamiento para camiones, así como las capacidades de fiscalización en los pasos fronterizos.

“Tenemos los complejos aduaneros precarios, unas carreteras que están en construcción o sin suficientes patios de aparcamientos; tenemos una aduana extremadamente debilitada al respecto”, sostuvo, según consignó El Mercurio.

Soto planteó que los países involucrados deben establecer estándares comunes de seguridad antes de ampliar significativamente el tránsito de mercancías, con el objetivo de impedir que los riesgos asociados al comercio internacional terminen concentrándose en territorio chileno.

En ese contexto, advirtió que una apertura sin controles suficientes podría comprometer los esfuerzos desarrollados para reforzar la vigilancia fronteriza y combatir el crimen organizado en el norte del país.

Las inquietudes fueron compartidas por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien también coordina el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en la Región Metropolitana.

El persecutor alertó sobre la cercanía de la fecha prevista para la puesta en marcha del corredor y cuestionó si el sistema aduanero chileno dispone de las herramientas necesarias para enfrentar la eventual utilización de esta vía por organizaciones criminales.

Barros sostuvo que el PCC representa una amenaza de gran magnitud por su estructura, recursos y capacidad de operación internacional. En ese sentido, llamó a considerar especialmente la conexión entre Brasil, país de origen de la organización, y los puertos del Pacífico.

El fiscal también advirtió que las rutas marítimas constituyen una vía relevante para el transporte internacional de drogas y que el corredor podría ofrecer una alternativa logística para organizaciones que actualmente utilizan terminales brasileños.

Desde el Gobierno, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, señaló que las coordinaciones vinculadas al proyecto consideran tanto la integración comercial como las medidas necesarias para evitar su utilización por redes del narcotráfico.

La autoridad afirmó que se trabaja estrechamente con los países participantes para abordar los desafíos de seguridad asociados a la nueva conectividad.

En el sector privado, el presidente de CSAV, Óscar Hasbún, coincidió en que la prevención del crimen organizado debe incorporarse desde las etapas de planificación y diseño de las grandes obras de infraestructura.

El ejecutivo advirtió que, una vez que las organizaciones criminales logran establecerse en determinados circuitos comerciales, resulta considerablemente más difícil desarticular sus operaciones.

Por ello, planteó la necesidad de reforzar la coordinación entre puertos, carreteras, Aduanas, policías y organismos de fiscalización tributaria, de manera que el desarrollo logístico avance acompañado de mecanismos efectivos de control.

Una preocupación similar había sido expresada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien advirtió que las organizaciones criminales podrían aprovechar la nueva ruta sin necesidad de instalar estructuras permanentes en Chile.

El persecutor explicó que una infraestructura diseñada para facilitar el comercio legal también puede convertirse en una vía para el traslado de mercancías ilícitas.

“Cualquier corredor, como el Canal de Panamá, se puede transformar en infraestructura de doble uso”, señaló, al advertir que los beneficios logísticos pueden ser aprovechados tanto por empresas legítimas como por redes delictuales.

Castro Bekios destacó que la conexión bioceánica permitirá reducir distancias y costos para los productos transportados desde Brasil hacia los mercados asiáticos.

Según sus estimaciones, la ruta podría representar un ahorro cercano a diez días de viaje y una reducción de costos de aproximadamente 30%, al evitar trayectos marítimos más extensos y el paso por el Canal de Panamá.

Estas ventajas convertirían a los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique en puntos especialmente atractivos para el transporte internacional de mercancías, incluidos eventuales cargamentos ilegales.

El fiscal precisó que su preocupación no se centra exclusivamente en una expansión territorial del PCC hacia Chile, sino en la posibilidad de que la organización utilice las rutas comerciales disponibles para movilizar drogas.

“Cuando hablamos del PCC como un posible riesgo de actividad en nuestro país, tiene que ver no con que precisamente vayamos a tener una presencia, sino que más bien lo que van a aprovechar es la ruta”, explicó.

También advirtió sobre los riesgos de lavado de activos, considerando que el crecimiento de la actividad comercial y el dinamismo económico de la Región de Antofagasta podrían generar oportunidades para introducir recursos ilícitos en negocios aparentemente legales.

Las alertas coinciden con los resultados de una investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur que permitió identificar una estructura vinculada al PCC en territorio nacional.

Los 19 imputados fueron formalizados por asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico. De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la organización contaba con mecanismos de reclutamiento, registros de integrantes, normas internas y procedimientos de incorporación conocidos como “bautizos”.

La investigación estableció que parte de las actividades de reclutamiento se concentraba en personas vinculadas al sistema penitenciario chileno, mientras que algunos de sus integrantes estarían relacionados con delitos contra la propiedad y tráfico de drogas.

Según antecedentes del Ministerio Público, la presencia de personas vinculadas al PCC comenzó a detectarse en Chile desde 2022, aunque la investigación identificó registros de incorporación a la organización que se remontan a 2019.

La Policía de Investigaciones también vinculó con esta estructura a Francisco Rivera Galaz, quien permanece prófugo y es investigado por su presunta participación en el homicidio de un carabinero ocurrido en Renca el 27 de agosto.

El avance de estas investigaciones ha reforzado la preocupación por la capacidad de expansión de organizaciones criminales brasileñas, especialmente ante la próxima apertura de nuevas conexiones terrestres entre el Atlántico y el Pacífico.

El desafío para las autoridades será compatibilizar los beneficios económicos del Corredor Bioceánico con controles fronterizos, aduaneros y portuarios capaces de prevenir su utilización para actividades ilícitas.

Aunque no existen antecedentes que permitan afirmar que el corredor será utilizado por el PCC una vez que entre en operaciones, fiscales y autoridades coinciden en que la prevención debe comenzar antes de su puesta en marcha, mediante estándares compartidos de seguridad y una mayor coordinación entre los países participantes. (NP-ChatGPT-Emol)