Cuando comenzó la polémica por los contratos firmados en 2022 entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones —que dio origen al caso Convenios, a mediados del año siguiente—, la diputada Catalina Pérez (ex-RD) aseguró desconocer antecedentes tanto de los acuerdos como del funcionamiento de la fundación, cuyo representante legal era, en ese entonces, su pareja, Daniel Andrade.
Además, el seremi con quien se habían suscrito los convenios había sido su jefe de gabinete, Carlos Contreras, y los tres, militantes de RD. Los primeros hoy están expulsados y ella renunció al partido.
Un año y medio después, y de cara a enfrentar una audiencia en que se discutirá su desafuero ante la Corte de Antofagasta, este lunes 10 de febrero, el tono de sus declaraciones ha cambiado. Si bien mantiene que no influyó en los contratos, aseguró el mes pasado a CNN Chile, respecto de los chats conocidos hasta entonces entre ella y Andrade, que, aunque «no son mensajes que den cuenta de un tráfico de influencias o de un fraude al fisco, sí dan cuenta de un descriterio».
Y hace solo unos días, en entrevista con La Tercera, planteó que «equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal».
Sus mensajes han ido apareciendo unos tras otros —y lo siguen haciendo, como algunos de los que publica hoy este medio—, pues son recogidos tanto en la carpeta investigativa como en la presentación de la fiscalía ante el tribunal de alzada y en una reciente querella del Consejo de defensa del Estado (CDE).
Se han ido cruzando antecedentes que permiten a los investigadores buscar su formalización por el fraude al fisco que se pesquisa.
En esas conversaciones de WhatsApp, según informó El Mercurio, la diputada se refiere a asuntos sobre la constitución y funcionamiento de Democracia Viva y, a su vez, darían cuenta de su liderazgo en la estrategia para contener el escándalo.
Así, el 2 de junio de 2023, Pérez advierte a Andrade, en relación con la fundación, que «no hagan nada ni lo hablen con nadie sin decirnos». Ese mismo día él responde para calmarla: «Nada se va a hacer sin que ustedes sepan», dando a entender que las acciones que tomaría Democracia Viva ante la eventual crisis —faltaban dos semanas para el 16 de junio, cuando Timeline publica su reportaje— serían previamente conocidas por ella.
En la misma conversación, Andrade le pregunta si es que la bancada sabe «lo de Democracia Viva», a lo que ella responde que lo «abrirá» solo si es indispensable, según lo que ventile la prensa.
Para los querellantes, Pérez «cooperó» con Andrade para que lograse concretar la firma de los convenios, «concertando con sus amigos y compañeros de militancia», Contreras y Paz Fuica, sumar a Democracia Viva a estos contratos. Hizo gestiones con ellos para «concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios», agregan. Pérez y su defensa han descartado la comisión de delitos. (Emol)
