Convenios: PDI detiene a Daniel Andrade y a ex Seremi Carlos Contreras

Convenios: PDI detiene a Daniel Andrade y a ex Seremi Carlos Contreras

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A 6 meses del inicio de la investigación por los traspasos de $426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva en 2022, este miércoles fue detenido Daniel Andrade, fundador de la entidad, y su contraparte, el exseremi Carlos Contreras. Se trata de los principales protagonistas de la trama que golpeó al partido oficialista Revolución Democrática (RD) y dio origen a las indagaciones penales que se extienden por todo el país. La fiscalía estaba preparando formalizaciones desde fines de noviembre.
  • Andrade, junto al ex seremi Carlos Contreras, fueron contrapartes en los 3 convenios suscritos en 2022 para ejecutar proyectos de campamentos, pese a que la fundación carecía de experiencia en el área. El entonces seremi había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Andrade. Los 3 eran militantes de RD.
  • Hasta inicios de este mes, Andrade seguía sin declarar en la causa, lo que no es un requisito para la imputación de cargos.
  • La Segunda adelantó en noviembre que el fiscal Christian Aguilar preparaba la formalización de Andrade y Contreras.
  • La detención ocurrió un día después de que el fiscal levantara el secreto en la causa, separara las investigaciones y detallara que en el caso de Democracia Viva indagaba los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
  • El 1 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) había anunciado la presentación de una querella criminal en contra de ambos, como autores del delito de fraude al fisco. El perjuicio presuntamente causado ascendería a $391 millones, que el CDE busca recuperar a través de una demanda civil.
  • La acción penal contra Contreras se fundó en que el exseremi “sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos”, dijo entonces el organismo.
  • “En dicho marco, el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal”.
  • El presidente del CDE Raúl Letelier dijo entonces que “estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude”.
  • El Ministerio Público ya ha concretado 11 formalizaciones en las causas iniciadas por los traspasos de los Gobiernos Regionales de La Araucanía, Los Lagos y Biobío.

La entrevista. Daniel Andrade dio en agosto una entrevista a Chilevisión donde se ajustó al discurso que había entregado el Ejecutivo respecto al caso Convenios. Dijo que ni el entonces ministro Giorgio Jackson ni la Directora de Presupuesto Javiera Martínez ni La Moneda sabían de lo ocurrido antes de que se la situación se conociera públicamente.

  • Sobre la diputada Catalina Pérez, su expareja, sostuvo que no intervino en su favor cuando se suscribió el contrato de la fundación.
  • El conflicto lo circunscribió al reintegro de recursos que le pide el Ministerio de Vivienda. “Este es mi gobierno, el gobierno que está empujando los cambios”, dijo al canal.

Ojo con. El 6 de noviembre, en una tensa sesión de la comisión del caso Convenios, el ex subsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), fue consultado por la fecha en que se enteró del caso Democracia Viva.

  • Respondió que “tomé conocimiento de un rumor en relación a esto el día 7 de junio, antes que el Presidente de la República”. El caso estalló el 16 de junio.
  • La versión de Crispi fue cuestionada por Contreras, quien acusó que el gobierno supo del caso antes de que se hiciera público. (Ex Ante)

MINISTRO MONTES

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó desde el Congreso Nacional en Valparaíso las detenciones de los exmilitantes de Revolución Democrática, Daniel Andrade y Carlos Contreras, en el marco de la indagatoria por los convenios por $426 millones entre la fundación Democracia Viva y su cartera en Antofagasta.

“Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance. En la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia investigaciones por cada una de las carpetas, eso permite ir mucho más al fondo y que, una vez por todas, queden claras las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda. Nosotros estamos dedicados a construir viviendas, a tener viviendas para muchas familias”, señaló el titular del Minvu, destacando que esto ocurre a seis meses de iniciada la indagatoria.

Tras eso, Montes respondió a una consulta sobre las presiones desde oposición para que dé un paso al costado ante la responsabilidad política que tendría por lo ocurrido.

“Yo no me voy a pronunciar sobre eso, he dicho que acá lo relevante en este caso es el paso que da el Ministerio Público y todo el resto de las especulaciones y análisis, bueno, eso se verá en el curso del proceso”, expuso el secretario de Estado.

Ante inasistencias para que se refiriera a las peticiones de renuncia, respondió tajante: “Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado por parte del Presidente de la República”.

DIPUTADA CATALINA PÉREZ

Durante esta tarde la diputada Catalina Pérez (suspendida de su militancia en Revolución Democrática) abordó la detención de su expareja Daniel Andrade -el exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva- y del exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien también fuera jefe de gabinete de Pérez. Todo esto, en el marco de la investigación por el denominado caso líos de platas.

“Me parece que es propio de un proceso judicial que tiene que avanzar y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”, dijo la parlamentaria en un punto de prensa en la Cámara de Diputados.

Pérez agregó que espera que la “investigación avance” y que las detenciones efectuadas este miércoles son “una buena noticia para el país”.

Por otro lado, la diputada dijo que desconoce los detalles de la investigación, pero que “está disponible para colaborar y entregar todos los antecedentes”.

“Como lo he dicho en reiteradas oportunidades no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible, y no me he beneficiado de ninguna manera. Descarto tajantemente que esos fondos, si es que existen, hayan sido recibidos de parte de Democracia Viva”, aseveró.

Consultada respecto a si estaba al tanto del traspaso de dineros de la fundación de su expareja, la parlamentaria insistió en que “he estado siempre disponible a colaborar con la investigación, de hecho, abrí mis cuentas bancarias, prestaré declaraciones cuando sea necesario, sigo estando disponible a eso y soy la primera interesada en que esto se aclare”.

No he recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva”, reiteró.

La diputada, además, no quiso referirse a las declaraciones del senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien horas antes señaló que “es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade”.

SENADOR LATORRE: «DIFÍCIL QUE PÉREZ NO SUPIERA»

Dado el rango de Latorre en ese entonces y su influencia sobre el partido, su declaración era de total relevancia para el fiscal Cristian Aguilar y, por lo mismo, lo citó para que entregara su testimonio el 6 de diciembre. A las 10.00 de la mañana de ese miércoles, el senador se sentó ante el persecutor.

En su declaración, al cual accedió La Tercera, el parlamentario partió relatando que “el día 6 de junio nos solicitan como directiva del Partido RD una reunión por zoom con la Presidente Regional del Partido RD, doña Paula Orellana, a la que además participarían el ex Seremi Carlos Contreras, Daniel Andrade como representante de la Fundación Democracia Viva y la Jefa de Gabinete de la Diputada Pérez, doña Romina Neuman, por unos convenios entre la Seremia y la Fundación antes referida, en los que podría generarse un flanco político comunicacional ya que Daniel Andrade era pareja en esa época de la Diputada Pérez y el ex Seremi Contreras había sido jefe de gabinete de la misma Diputada Pérez”.

Ese día fue el que TimeLine, medio regional de Antofagasta, reveló los convenios por $426 millones entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda. Esa jornada comenzó el debacle de RD y los militantes envueltos en el escándalo que hasta el día de hoy, no sólo repercute en el partido, sino que también en La Moneda.

En la reunión por Zoom, el senador Latorre explicó a la Fiscalía que “tanto Contreras como Andrade en términos muy generales defendieron la legalidad de los convenios, que estaba todo en regla, que la Fundación tenía experiencia en la materia de los convenios, que el Ministerio de Vivienda tenía muchas Fundaciones, como diez según recuerdo, trabajando en el Programa de Asentamientos Precarios en Antofagasta y que no era la que recibía más dinero por estos convenios. Además, nos indicaron que pedían esta reunión porque se cuestionaba a nivel local los vínculos entre aquéllos con la Diputada Pérez y que eso se ventilaría entre medios de comunicación social”.

En la cita, agregó, se les cuestionó políticamente, por lo que ellos debían explicar la legalidad que estaban defendiendo para que se aclarara cualquier duda o reproche. Más tardes, estas explicaciones no tendrían mucho sustento, dado que la directiva del partido, a través de Edson Dettone, piden elevar los antecedentes al tribunal supremo. Contreras y Andrade serían expulsados de la colectividad, y la diputada Pérez quedaría suspendida por dos años.

«CÍRCULO DE CONFIANZA»

Según indicó Latorre al fiscal, “por la información que yo tenía existía un círculo de confianza o cercanía entre la diputada Catalina Pérez, Carlos Contreras y Daniel Andrade. De hecho por rede sociales vi fotografías de los tres juntos y con otras personas. Por conversaciones con otros militantes la concejala del partido Paz Fuica era cercana de la diputada Catalina Pérez, de Carlos Contreras y de Paula Orellana”.

Paz Fuica, también es militante RD, y era el brazo derecho de Contreras, además de concejala de Antofagasta. Su rol, además, era coordinar los contactos con las fundaciones para luego contratar gente en la Seremi, pero pagadas por las ONG, algo que fue duramente cuestionado por Contraloría.

Tal vez, como nunca antes lo ha reconocido públicamente, el senador Latorre apuntó directo contra la diputada Pérez y su rol en el caso. “Después de la reunión tuve algunas conversaciones con Catalina Pérez quien me señalaba que estaban los convenios en regla, que se estaban haciendo los trabajos y que no había nada ilegal, pero que si asumía que había un error político por el nexo entre ella con Andrade y Contreras”, dijo.

Pero agregó: “Catalina Pérez no me indicó cuando concretamente se enteró de los convenios, sólo que por Paz Fuica supo que este tema se estaba levantando desde un punto de vista comunicacional, pero tampoco se señala la fecha. Siempre confié en ella. En su gestión, fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados, tenía cercanía con ella, pero no era su amigo, jamás me pude imaginar que podría estar avalando un caso de corrupción, mejor dicho no darse cuenta que podía haber algo irregular”.

Su mirada más particular del nexo de la diputada y los imputados del caso la reveló al señalar que “mi impresión es que es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade, dado el vínculo de cercanía que mantenía con las personas antes mencionadas y por tratarse de convenios que incidían en su propio territorio. No tengo antecedentes tampoco para decir que ella hubiere influido en que el ex seremi Contreras eligiera a Democracia Viva para estos tratos, pero tampoco lo puedo descartar”.

CONTACTOS EN LA MONEDA Y DUDAS DE MONTES

Un tema que ha estado sobre la mesa es qué sabía La Moneda, antes de que estallara el escándalo. Si bien Latorre no entra al detalle, ni responde esa interrogante, sí da luces de cómo se gestionó la crisis esos días y cómo conversó del tema con la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD); el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); y el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).

“Este tema no lo conversé con ningún personero del gobierno sino que el contacto fue por Dettoni hasta que sale la noticia por el medio regional TimeLine. Una vez que se publica conversé después en días distintos con la subsecretaria Rojas, el ministro Montes y Miguel Cripi. Con la subsecretaria Rojas sobre la decisión del ministro de pedir la renuncia de Contreras y sus efectos”, explicó al fiscal.

Sobre su conversación el ministro Montes reveló que “él creía que esta fundación (Democracia Viva) no tenía experiencia y se dedicaba al proselitismo político. Y, con Crispi, quien es militante de nuestro partido, sobre la legalidad de estos convenios y que se debía investigar hasta el final, sin defensas corporativas de ninguna clase y que esto iba a impactar mucho al gobierno y a nuestro proyecto político”.

Finalmente, Latorre, agregó que “no tengo antecedentes que alguien hubiere robado plata y que se hubiere enriquecido por los convenios, sino que lo pretendido como mi hipótesis fue establecer un poder político territorial de carácter clientelar y probablemente con algún diseño electoral regional de mediano plazo”.

El senador, lejos de su primera ponencia una vez estallado el caso, reveló cómo, de verdad, se fracturó uno de los partidos centrales del gobierno.

MINISTRA VALLEJO

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, valoró la detención de los exmilitantes de Revolusión Democrática, Daniel Andrade y Carlos Contreras, en el marco de la indagatoria por los millonarios convenios entre la fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda en Antofagasta.

“Valoramos profundamente este avance en la justicia. Lo hemos dicho desde un inicio, la justicia en nuestro país tiene que actuar, tiene que avanzar, tiene que dar resultados para que estas acciones que dañan profundamente la fe pública y que pueden implicar graves delitos de corrupción, sean no solamente investigados, sino que también tengan resultados. Y por lo tanto, para nosotros, después de todos estos meses, semanas, semanas entregando antecedentes y colaborando con la justicia, efectivamente podemos señalar que nos parece un gran paso, un gran avance lo que ha hecho el Ministerio Público el día de hoy, porque todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción”, sostuvo la vocera del Ejecutivo en un punto de prensa en La Moneda la mañana de este miércoles.

El caso Democracia Viva inició una crisis de proporciones para el oficialismo al desdibujar el relato de probidad que llevó a Gabriel Boric y su coalición de partidos al gobierno.

“Desde el momento uno hemos solicitado que el Ministerio Público investigue, que el Consejo de Defensa del Estado también tome parte de esta investigación, en la medida que encuentro o determine que hay condiciones de querellarse, y toda la información que hemos dispuesto por parte del gobierno ha sido para que la justicia actúe como corresponde y eso es lo que está sucediendo el día de hoy”, resaltó la ministra Vallejo tras la detención del exseremi de Vivienda de Antofagasta y del fundador de Democracia Viva.

Vallejo dijo que estas detenciones corresponden a un proceso de investigación que ha llevado el Ministerio Público y corresponde “valorar que haya tenido avance esa investigación y que hoy día esa investigación esté dando resultado”.

“Obviamente vienen etapas posteriores, las formalizaciones, y luego el posible establecimiento de sanciones o penas aplicables a estos casos. Pero por ahora, ya con esta acción del Ministerio Público, obviamente se da un gran paso y un gran avance en el combate a la corrupción, en un caso que además ha dañado profundamente a la fe pública”, señaló la vocera de gobierno. (Ex Ante-La Tercera)