Una serie de contrataciones de jóvenes profesionales y estudiantes universitarios en distintos organismos del Gobierno del presidente José Antonio Kast ha generado cuestionamientos por sus remuneraciones, experiencia laboral y vínculos familiares o políticos. Entre los casos conocidos figuran funcionarios incorporados a ministerios y servicios públicos pocos meses después de obtener sus títulos profesionales, e incluso algunos que todavía cursan estudios superiores, con sueldos que en determinados cargos superan los cuatro millones de pesos mensuales.

Según una investigación publicada por El Mostrador, uno de los casos corresponde a Josefina Waugh Tocornal, ingeniera comercial de 27 años de la Pontificia Universidad Católica, quien ingresó en abril de 2026 como asesora del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez.

La profesional anunció su incorporación a través de LinkedIn, donde expresó su satisfacción por asumir funciones en la administración pública y agradeció a Boston Consulting Group, empresa consultora en la que trabajó antes de llegar a Cancillería.

“Espero poner lo aprendido al servicio del país”, escribió Waugh, quien posteriormente actualizó su perfil profesional para identificarse como asesora del gabinete ministerial.

De acuerdo con sus antecedentes laborales, realizó una práctica de cuatro meses en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hasta julio de 2024, en el marco de un Magíster en Diagnóstico Económico Internacional. Durante ese período participó en investigaciones sobre el mercado laboral latinoamericano, con especial atención a la discriminación de género y las desigualdades de ingresos.

Posteriormente, trabajó durante un año y ocho meses en Boston Consulting Group, antes de incorporarse al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En Cancillería fue contratada en el grado 10 del escalafón, con una remuneración bruta mensual de $2.333.878. Según los registros de InfoTransparencia citados en la publicación, ha participado en reuniones vinculadas principalmente con materias económicas, encuentros con representantes empresariales y asuntos relacionados con minerales críticos.

La contratación generó interrogantes respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para ese nivel de remuneraciones. De acuerdo con el decreto que fija la escala de sueldos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2019, el acceso al grado 10 contempla acreditar una experiencia profesional mínima de dos años, condición que, según la investigación, no estaría suficientemente respaldada por los antecedentes laborales conocidos de la asesora.

Consultada sobre esta situación, Cancillería descartó irregularidades y aseguró que el nombramiento se ajusta a la normativa vigente.

“La contratación cumple con todos los requerimientos y su resolución se encuentra fundada y tramitada ante la Contraloría General de la República”, respondió el ministerio.

Otro antecedente mencionado en la publicación es que Josefina Waugh ingresó al Gobierno en el mismo período que su madre, la abogada Josefina Tocornal Cooper, quien fue designada por el Ministerio de Hacienda como integrante titular del Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio (CdTI).

Entre las contrataciones que también han generado controversia figura la de Cristóbal Soto Fuentes, estudiante de primer año de Periodismo de la Universidad de los Andes, quien ingresó al Ministerio del Interior a los 19 años para desempeñar funciones relacionadas con redes sociales y apoyo comunicacional.

Su remuneración inicial fue fijada en $1,9 millones brutos mensuales, pese a que su experiencia laboral previa se concentraba en tareas de comunicación digital. Antes de llegar al Ejecutivo, había trabajado con Felipe Alessandri en Lo Barnechea y posteriormente en la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde ejerció como encargado de redes sociales del estamento femenino desde diciembre de 2025.

Aunque el Gobierno defendió inicialmente su incorporación, la remuneración fue reducida a $1,2 millones mensuales después de que el caso adquiriera notoriedad pública.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que el ajuste buscaba adecuar el sueldo a los años de experiencia correspondientes, mientras que desde el Partido Republicano surgieron críticas a las condiciones originales de la contratación, que fueron calificadas como “indefendibles”.

Otro caso es el de Trinidad Zegers, quien ingresó al Ministerio de Justicia en abril de 2026, el mismo mes en que obtuvo su título de abogada. Fue incorporada para desempeñar labores de coordinación relacionadas con la reforma al Código Procesal Civil, con una remuneración de dos millones de pesos mensuales.

La investigación también identificó sus vínculos familiares con el mundo empresarial. Su padre, Felipe Zegers Vial, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ha integrado directorios de compañías como Coca-Cola, Ripley, inmobiliaria Molina Morel, Punta Piqueros y VivoCorp, además de desempeñar funciones ejecutivas en Enersis e Inversiones Caburga, vinculada al Grupo Said.

En el Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, también surgieron cuestionamientos por la incorporación de Camila Pérez, abogada y militante de Renovación Nacional, quien comenzó a trabajar en abril, aproximadamente un mes después de jurar ante la Corte Suprema.

Su remuneración fue establecida en $2,7 millones mensuales, aunque en junio percibió $4,3 millones debido al pago de bonificaciones.

Pérez cuenta con una trayectoria en organizaciones estudiantiles y partidarias. Fue vicepresidenta de la juventud de RN, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad San Sebastián y del Tribunal Calificador de Elecciones nacional de esa casa de estudios. Además, en 2024 postuló sin éxito al concejo municipal de Romeral, en la Región del Maule.

Según informó The Clinic, su contratación bajo la categoría de “experta” estaría relacionada con la práctica profesional que realizó previamente en el mismo Servicio Nacional de Migraciones, donde posteriormente asumió funciones vinculadas al denominado Plan Retorno.

En el Ministerio del Interior también fue contratada Sofía Pumpin, periodista titulada en julio de 2025 de la Pontificia Universidad Católica, con una remuneración de $2,3 millones mensuales.

La profesional, que realizó su práctica en el Diario Financiero, fue incorporada para apoyar la coordinación y sistematización de información proveniente de las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, además de colaborar con la agenda del subsecretario Máximo Pavez.

Pumpin también registra participación en actividades de representación estudiantil. En 2023 postuló a la primera vicepresidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica por el Movimiento Gremial, sin resultar electa. Su hermano, Jorge Pumpin, presidió esa organización estudiantil y el centro de alumnos de Ciencia Política de la misma universidad.

Otro nombramiento que generó debate fue el de Emilio Court Bengolea, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile y expresidente del centro de alumnos del colegio Verbo Divino.

Antes de incorporarse formalmente al Ejecutivo, Court había participado en actividades relacionadas con la Oficina del Presidente Electo y en las tareas de instalación de la nueva administración.

Posteriormente, fue contratado como experto administrativo para desempeñar funciones en la avanzada presidencial. Sus remuneraciones mensuales han oscilado entre $1,3 millones y $3,7 millones, de acuerdo con los antecedentes publicados, lo que generó cuestionamientos debido a que todavía no concluye sus estudios universitarios y a su cercanía con el mandatario.

En la Secretaría General de Gobierno también se conoció el caso de Sofía Shea, periodista de 24 años que ingresó a la Subsecretaría General de Gobierno el 11 de marzo de 2026.

Inicialmente fue contratada para apoyar la coordinación y gestión de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), con grado 14 del escalafón administrativo y una remuneración aproximada de $1,3 millones mensuales.

Un mes después fue designada jefa del Departamento de Comunicación Digital, cargo que implicó su ascenso al grado 11 y un aumento de sueldo hasta aproximadamente $2,1 millones.

La designación se produjo siete meses después de que realizara su práctica profesional en una agencia vinculada a Felipe Costabal, actual director de la Secom y responsable del área de comunicación digital del Gobierno.

Según antecedentes publicados por El Ciudadano, Costabal había trabajado anteriormente en una campaña junto al padre de la periodista, Nicolás Shea Carey, empresario vinculado al emprendimiento y la innovación.

Shea Carey participó en el desarrollo de Start-Up Chile en Corfo, presidió la Asociación de Emprendedores de Chile y desempeñó funciones de asesoría en materias empresariales durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

Entre los casos de mayores remuneraciones aparece José Tomás Lira Larraín, administrador público que asumió como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior cuando tenía 26 años, aproximadamente ocho meses después de obtener su título profesional.

Según una publicación de Fast Check, Lira percibe alrededor de $4,8 millones mensuales, aunque durante mayo y junio recibió pagos superiores a $10 millones en cada mes, debido a remuneraciones retroactivas correspondientes a marzo y abril.

Su nombramiento generó cuestionamientos por la ausencia de experiencia laboral previa en el sector público y por el nivel de ingresos asociado a una función de jefatura ministerial.

La controversia por estas contrataciones también llegó al Congreso. Diputados del Partido de la Gente cuestionaron la incorporación de estudiantes y profesionales recién titulados a cargos de confianza y acusaron diferencias entre el discurso del actual oficialismo y las decisiones adoptadas desde su llegada al Gobierno.

En particular, el diputado Fabián Ossandón apuntó al jefe de asesores presidenciales, Cristián Valenzuela, recordando una columna de opinión titulada “Parásitos”, en la que había criticado las contrataciones y la falta de experiencia de funcionarios durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

“Sus palabras se las llevó el viento en cuanto pisó el Palacio de Gobierno”, afirmó Ossandón, al acusar un “doble estándar” en los criterios utilizados para evaluar los nombramientos en la administración pública.

Los cuestionamientos parlamentarios se han concentrado en la relación entre experiencia profesional, requisitos formales, responsabilidades asignadas y remuneraciones, además de los eventuales vínculos políticos y personales de algunos funcionarios. En el caso de Cancillería, el ministerio ha defendido expresamente la legalidad de la contratación cuestionada, mientras que en Interior se modificó la remuneración de uno de los funcionarios tras la controversia pública. (NP-ChatGPT-Claudio Pizarro-El Mostrador)