La discusión del proyecto de reajuste al sector público alcanzó un punto crítico en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tras las duras exposiciones de la contralora general, Dorothy Pérez, y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides. Ambas autoridades manifestaron su preocupación por las implicancias administrativas y financieras de la iniciativa legal, centrando sus críticas en la denominada “norma de amarre” y en la sostenibilidad presupuestaria del gasto permanente propuesto por el Ejecutivo.

La contralora Pérez fue enfática en señalar que las limitaciones al despido de funcionarios a contrata afectan directamente la carrera funcionaria. Según la autoridad, establecer criterios de “confianza legítima” con plazos breves permite que personas ajenas a la administración o con poca antigüedad accedan a cargos y grados superiores en desmedro de quienes llevan décadas en el sistema. Asimismo, denunció que el proyecto intenta modificar mediante una ley miscelánea las facultades constitucionales de la Contraloría, lo que a su juicio requiere una norma de rango orgánico constitucional.

Por su parte, Paula Benavides, desde el CFA, alertó sobre un “esfuerzo exigente” para financiar la iniciativa, cuyo costo total asciende a US$1.668 millones. La economista detalló que existe una brecha de US$822 millones sin fuentes de financiamiento claras, lo que obligaría a realizar reasignaciones presupuestarias críticas. Benavides advirtió que, en un escenario de estrés fiscal, no identificar ingresos permanentes para cubrir gastos de igual naturaleza pone en riesgo la meta de balance estructural y podría derivar en un mayor endeudamiento para el país.

En el plano político, la jornada estuvo marcada por el quiebre entre el Gobierno y su propia coalición. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, intentó moderar la polémica proponiendo elevar de dos a cinco años la antigüedad requerida para que un funcionario pueda reclamar ante la Contraloría. Sin embargo, los parlamentarios oficialistas rechazaron esta modificación, forzando el retorno a la propuesta original de dos años, lo que fue calificado por la oposición como un “amarre ideológico inaceptable” que contradice los criterios de la Corte Suprema.

Diputados de Renovación Nacional, como Frank Sauerbaum y Diego Schalper, criticaron que la izquierda desahuciara la propuesta de su propio ministro para insistir en una protección laboral que favorecería a quienes ingresaron durante la actual administración. Con estos cuestionamientos técnicos y políticos, el proyecto de reajuste se encamina a una compleja votación en la sala, donde la falta de consenso sobre el financiamiento y la estabilidad de la función pública marcarán el debate de los próximos días. (NP-Gemini-Emol)