La Contraloría General de la República solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar acciones legales para investigar la filtración del documento reservado relacionado con el denominado caso niños haitianos.
La petición busca determinar responsabilidades por la divulgación del preinforme elaborado por el organismo fiscalizador, el cual había sido enviado a distintas instituciones públicas involucradas en la revisión de procedimientos migratorios.
El documento se conoció públicamente el 15 de junio y contenía observaciones sobre desórdenes administrativos e irregularidades detectadas en organismos como la Policía de Investigaciones (PDI), la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Migraciones.
ANTECEDENTES DEL CASO Y REACCIÓN DEL GOBIERNO
Tras la difusión del preinforme, el Gobierno convocó una reunión de emergencia en La Moneda debido a los antecedentes iniciales que indicaban que 64 menores haitianos no habrían sido ubicados.
Posteriormente, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para investigar un eventual tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití durante 2025.
Sin embargo, luego de las diligencias realizadas, la PDI confirmó que todos los niños fueron encontrados y que se encontraban en buenas condiciones.
El 24 de junio, la Contraloría emitió su informe final, donde confirmó la existencia de irregularidades administrativas en instituciones encargadas de gestionar permisos migratorios.
BUSCAN DETERMINAR ORIGEN DE LA FILTRACIÓN
De acuerdo con los antecedentes conocidos, la Contraloría había enviado el preinforme durante abril a los servicios involucrados mediante un mecanismo de seguridad que incluía un archivo cifrado y una clave entregada de manera reservada.
La solicitud presentada al CDE apunta a perseguir una eventual revelación de información protegida y establecer quién fue responsable de la filtración del documento.
En caso de que el Consejo de Defensa del Estado decida presentar una querella y esta sea admitida por los tribunales, la Contraloría podría participar en la investigación y solicitar nuevas diligencias al Ministerio Público.
La acción se desarrolla en medio de la controversia generada por las distintas decisiones administrativas vinculadas al caso y el rol de las instituciones involucradas. (NP-ChatGPT-Emol)