La Contraloría General de la República (CGR), bajo la dirección de Dorothy Pérez, reveló un informe que identifica a 6.311 funcionarios públicos que desempeñaron labores remuneradas en el sector privado durante sus periodos de reposo médico entre 2023 y 2024. El análisis detectó un total de 48.682 licencias médicas asociadas a estas irregularidades, donde los servidores percibieron sueldos, honorarios e incluso ingresos provenientes de plataformas digitales de transporte y reparto mientras justificaban su inasistencia al Estado.
El organismo fiscalizador detalló que un número significativo de estos funcionarios son reincidentes en conductas impropias, pues ya habían sido detectados previamente realizando viajes al extranjero o asistiendo a casinos de juegos durante sus licencias. Los sectores de educación municipal, salud y organismos vinculados a la infancia, como Integra y la Junji, concentran la mayor cantidad de casos detectados en esta auditoría, evidenciando una debilidad en el control de las ausencias médicas.
Ante la gravedad de los hallazgos, la CGR ordenó a las instituciones afectadas iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo de cinco días. Además, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Superintendencia de Seguridad Social para determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas, en el marco de una estrategia nacional que busca reducir el uso fraudulento de licencias y asegurar el ahorro fiscal. (NP-Gemini-Emol)