Esta vez fue ante la Sala del Senado que la contralora Dorothy Pérez entregó detalles de la investigación publicada el 20 de mayo en la que se revela que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile, pese a estar con licencia médica.
Ayer, la abogada —que en la víspera había asistido a la comisión de Salud de la misma corporación— explicó que junto con las fiscalizaciones ya realizadas y las que están en curso —como los permisos emitidos a funcionarios de las Fuerzas Armadas y del orden—, también se buscará saber qué ha ocurrido con los montos pagados a los empleados indagados.
«Tenemos fiscalizaciones que hemos realizado respecto de la recuperación de los subsidios por incapacidad laboral, porque la otra cara de esta moneda, además de que un funcionario incumple su reposo, es que hay una cantidad cuantiosísima de recursos públicos que se pierden por esta razón» detalló.
Cálculos oficiales ubican en el orden de los US$ 400 a US$ 500 millones anuales el monto de lo eventualmente defraudado por la práctica develada de un total de licencias médicas extendidas que supera los US$ 2.000 millones anuales. Lea más en El Mercurio.(Emol)
