Una nueva controversia política se instaló en el Gobierno luego de que el ministro secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, asegurara públicamente que el ministro de Hacienda, Ignacio Quiroz, había informado en su Declaración de Patrimonio e Intereses (DPI) el vínculo familiar con su hermano, relacionado con una empresa inmobiliaria que eventualmente podría verse favorecida por la Ley de Reconstrucción Nacional.

Sin embargo, una revisión del documento disponible en el portal InfoProbidad muestra que dicho parentesco no figura consignado en la declaración, ni tampoco existen referencias a la participación de familiares en la sociedad que ha sido objeto de cuestionamientos.

La situación tomó fuerza tras la publicación de un reportaje que reveló la ausencia de esa información en la DPI del titular de Hacienda. A raíz de estos antecedentes, parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Comunista recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento respecto de un eventual conflicto de interés.

Consultado sobre el tema, el ministro Alvarado defendió la actuación de Quiroz y afirmó que la normativa exige informar los vínculos con familiares directos, manifestando su convicción de que esos antecedentes estaban debidamente incorporados en la declaración.

Pese a los cuestionamientos surgidos tras la revisión de los antecedentes públicos, el vocero de Gobierno descartó la existencia de irregularidades y criticó las acciones impulsadas por legisladores de oposición, señalando que las sospechas sobre posibles conflictos de interés resultan excesivas.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que las actividades profesionales desarrolladas por familiares de autoridades no pueden ser restringidas por el ejercicio de cargos públicos, argumentando que ello no constituye por sí mismo una incompatibilidad con las funciones gubernamentales.

La polémica se produce mientras el ministro Quiroz enfrenta un escenario complejo debido a la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa impulsada por el Ejecutivo que contempla incentivos tributarios para sectores vinculados a la inversión y al mercado inmobiliario.

En este contexto, la omisión denunciada ha generado cuestionamientos respecto de la transparencia con que fueron informados los vínculos familiares del titular de Hacienda, considerando que la discusión legislativa involucra materias que podrían impactar indirectamente actividades relacionadas con su entorno cercano.

El caso quedó ahora bajo análisis de la Contraloría General de la República, organismo que deberá determinar si existió o no incumplimiento de las obligaciones de transparencia que rigen para las altas autoridades del Estado. (NP-ChatGPT-Bio Bio)