La Contraloría General de la República rechazó los sumarios administrativos realizados por el Gobierno en torno a la muerte de Hugo Morales Lobos, gásfiter de La Moneda, quien falleció en septiembre de 2024 tras sufrir un infarto luego de una extensa jornada laboral que superó las 18 horas.
El caso generó repercusiones inmediatas en la administración presidencial, incluyendo la renuncia de Antonia Rozas, quien se desempeñaba como directora administrativa de la Presidencia. Posteriormente, asumió el cargo Antonia Illanes, cercana al Gabriel Boric.
Dos meses después del fallecimiento, la Contraloría instruyó iniciar un sumario para determinar eventuales responsabilidades. Sin embargo, los tres procesos presentados por la administración anterior fueron objetados por el organismo fiscalizador, que detectó deficiencias en su formulación.
El último sumario fue rechazado el pasado 13 de marzo, al considerarse que carecía de fundamentos adecuados y de motivación suficiente en algunas de las sanciones propuestas. Según la Contraloría, las indagatorias no cumplieron con los estándares requeridos para establecer responsabilidades de manera consistente.
En informes previos, el organismo ya había advertido que las investigaciones eran incompletas, señalando que no se indagaron adecuadamente las posibles responsabilidades de las jefaturas vinculadas a la gestión de personal. Estas observaciones llevaron a que todos los sumarios fueran devueltos por no ajustarse a los criterios exigidos.
El caso continúa abierto, mientras se espera que se realicen nuevas diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento y eventuales responsabilidades administrativas. (NP-ChatGPT-Emol)