La Contraloría General de la República solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil entregar los antecedentes académicos, profesionales y laborales considerados para contratar en calidad de experta a Lucy Depablos Chacón, quien actualmente se desempeña como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana de esa repartición dependiente del Ministerio de Hacienda.

El requerimiento busca establecer los fundamentos utilizados por el organismo para determinar que Depablos cumplía las condiciones necesarias para desarrollar funciones calificadas como asesorías altamente especializadas.

De acuerdo con los antecedentes consignados en el oficio, Depablos fue contratada a partir del 23 de abril de 2026 bajo la modalidad a contrata. Según información publicada previamente, su remuneración bruta puede alcanzar los $5,6 millones al considerar las bonificaciones correspondientes.

Los cuestionamientos públicos en torno a su contratación se han concentrado, entre otros aspectos, en sus antecedentes académicos y particularmente en si cuenta con título profesional de periodista. El requerimiento de Contraloría, sin embargo, apunta de manera más amplia a verificar los fundamentos y antecedentes objetivos utilizados para otorgarle la calidad de experta.

En su oficio, el organismo fiscalizador recordó que la contratación bajo esa condición exige que la persona posea “conocimientos, experiencia o habilidades especiales que la hagan acreedora de tal calidad”, características que deben encontrarse debidamente respaldadas mediante antecedentes objetivos.

Por esa razón, Contraloría solicitó al Servicio Civil informar detalladamente los fundamentos considerados para calificar a Depablos como experta.

En particular, el organismo deberá remitir “los antecedentes curriculares, académicos, profesionales y de experiencia laboral considerados para adoptar dicha decisión”.

El Servicio Civil tendrá también que explicar de qué manera determinó que la funcionaria posee conocimientos especializados o experiencia relevante para las tareas que le fueron asignadas y cuál es la relación entre esos antecedentes y las funciones de asesoría altamente calificada establecidas en el respectivo acto administrativo.

Contraloría solicitó además precisar si, antes de concretar la contratación, se elaboró algún informe técnico, evaluación de antecedentes u otro documento destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de funciones.

El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles a la Dirección Nacional del Servicio Civil para responder el requerimiento y entregar la documentación solicitada.

El oficio constituye una solicitud de antecedentes destinada a revisar los fundamentos de la contratación y, por sí mismo, no establece la existencia de una irregularidad ni anticipa una conclusión de Contraloría sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de la funcionaria. (NP-ChatGPT-Bio Bio-Contrapoder)