En 2016, bajo la administración de la entonces alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, se aprobó una ordenanza municipal con el objetivo de establecer la participación ciudadana «como un derecho y no una facultad», creando mecanismos como consultas de ordenanzas, mesas barriales o cartas ciudadanas, que establecían deberes vinculantes para el municipio.
Sin embargo, no todos estaban conformes con la materia, por el aspecto legal de otorgarles obligatoriedad a estas actividades. En esa línea, el concejal Manuel José Monckeberg solicitó en julio de ese año a la Contraloría un pronunciamiento sobre la normativa.
Tras casi dos años de revisión, el 29 de junio, el órgano se pronunció: «Las municipalidades se encuentran facultadas para determinar, a través de ordenanzas, diversas modalidades de participación ciudadana, las que corresponden a medios de apoyo que en ningún caso son vinculantes para dichas entidades edilicias».
Para el ente fiscalizador, las consultas de ordenanza introducen «trámites y requisitos adicionales no contemplados en la legislación» al procedimiento de Dictación de Ordenanzas entregado por ley a los municipios.
Sobre las mesas barriales, que se establecen como obligaciones por parte del municipio, la Contraloría señaló que «la municipalidad estaría contrayendo obligaciones por un instrumento que no está contemplado como fuente legal».
REACCIONES
La alcaldesa Evelyn Matthei dijo que realizarán los cambios en la ordenanza: «Lo vamos a arreglar. Efectivamente, hay algunos temas en que les daba facultades a los ciudadanos que, de acuerdo a la ley, no tienen. Pero lo vamos a cambiar dentro de 60 días».
Añadió que «es bastante evidente que hubo un apresuramiento al final para aprobar esa ordenanza. El concejal Monckeberg señaló que él hizo presente que no era legal, pero lo acusaron de que estaba haciendo obstruccionismo, y por lo tanto mandó sus preocupaciones a la Contraloría y le dieron la razón».
El concejal dijo que «se deberán hacer las correcciones pertinentes al haberles dado el poder vinculante a estas actividades. Ayudé mucho en la ordenanza, pero me parecía equivocado que tuvieran esta obligatoriedad y tomó un pulso muy acelerado en su tramitación». (El Mercurio)
