La Contraloría General de la República (CGR) inició un procedimiento de revisión tras recibir una denuncia que involucra a la ministra del Deporte, Natalia Duco, y solicitó antecedentes al Ministerio del Deporte para esclarecer los hechos expuestos en la presentación.

La denuncia, ingresada el 4 de julio por un particular, solicita investigar si la exatleta continuó percibiendo de manera correcta la Beca Proddar después de haber sido designada ministra de Estado. El escrito plantea que Duco conocía desde comienzos de año que dejaría su actividad deportiva, por lo que cuestiona la oportunidad en que renunció al beneficio y solicita determinar si corresponde el eventual reintegro de recursos públicos.

El requerimiento también pide revisar el uso de un vehículo fiscal el 23 de abril, fecha en que la secretaria de Estado habría asistido a una actividad de carácter social. La presentación solicita establecer si el traslado se ajustó a la normativa que regula el uso de automóviles pertenecientes al Estado.

La Contraloría confirmó la existencia del procedimiento y señaló que, como parte del trámite habitual, solicitó un informe al Ministerio del Deporte para recabar los antecedentes necesarios antes de adoptar una decisión. De acuerdo con información conocida, al momento de la revisión la cartera aún no había remitido la respuesta requerida por el organismo fiscalizador.

En caso de comprobarse un uso indebido del vehículo institucional, podrían aplicarse las disposiciones del Decreto Ley N.º 799, que regula el uso y circulación de vehículos estatales. La normativa establece que estos solo pueden ser utilizados para el ejercicio de funciones propias del cargo y contempla sanciones administrativas que pueden llegar hasta la destitución de la autoridad responsable, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo.

La investigación se suma a un escenario de alta tensión al interior del Ministerio del Deporte. En las últimas semanas, la gestión de Natalia Duco ha estado marcada por diversas controversias, entre ellas la remoción de la directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes, cuestionamientos por declaraciones públicas y propuestas de reorganización institucional que han generado inquietud entre actores del sector deportivo.

A ello se agregan los desafíos políticos que enfrenta la secretaria de Estado, cuya gestión ha sido objeto de debate tanto al interior del Gobierno como entre organizaciones vinculadas al deporte, mientras continúa el proceso de revisión iniciado por la Contraloría.