Una investigación de la Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa a la empresa San Nicolás SpA tras recibir más de 6.700 millones de pesos, vía trato directo, para labores de limpieza tras el megaincendio de 2024. El organismo fiscalizador cuestionó la gestión de la entonces delegada presidencial y actual diputada, Sofía González, y del actual delegado Yanino Riquelme, por contratar a una entidad que no contaba con idoneidad técnica ni financiera. Según el informe, la sociedad subcontrató la totalidad de los servicios de manera informal, presentó rendiciones irregulares y aplicó sobreprecios que alcanzaron hasta un 557% en comparación con los valores de mercado.
La indagatoria reveló que San Nicolás SpA, propiedad de un joven de 20 años y dirigida en los hechos por su padrastro, Pedro Briones González, carecía de maquinaria propia y operaba con apenas tres trabajadores. Además, de las tres direcciones declaradas por la firma, una resultó ser inexistente y las otras correspondían a una oficina contable y un centro de estética. A pesar de las alertas tempranas emitidas por un grupo de camioneros subcontratados que denunciaron impagos, las autoridades regionales no realizaron gestiones para esclarecer la situación ni verificaron la capacidad operativa de la empresa antes de cursar los pagos millonarios.
Actualmente, la situación financiera de la sociedad es crítica, registrando una morosidad superior a los 500 millones de pesos y un riesgo crediticio calificado como extremo. No obstante, en el último año, el entorno familiar vinculado a la empresa ha constituido una red de nuevas sociedades dedicadas a diversos rubros, desde el sector inmobiliario hasta la importación de maquinaria. Ante la gravedad de los hallazgos, la bancada de diputados del Partido Republicano anunció la creación de una comisión investigadora, mientras que en la Región del Biobío se solicitarán antecedentes por contratos previos suscritos bajo la misma modalidad. (NP-Gemini-Ex Ante)