La Contraloría General de la República resolvió que corresponde a Gendarmería determinar, caso a caso, si la venta de contenido para adultos por parte de funcionarios constituye una infracción administrativa, luego de una consulta formulada por la institución penitenciaria a raíz de la situación de una funcionaria uniformada.

El requerimiento surgió después de que la Dirección Nacional de Gendarmería detectara que una funcionaria mantenía una cuenta en una plataforma de suscripción donde ofrecía fotografías, videos y otro tipo de contenido de carácter sexual o íntimo, accesible mediante pago.

Ante este escenario, la institución consultó si esa actividad podía considerarse incompatible con las obligaciones propias del cargo, particularmente con el deber de mantener una conducta acorde con la dignidad de la función pública y con la eventual afectación de la imagen institucional o de la autoridad que representa el personal penitenciario.

En su análisis, la Contraloría recordó que el Estatuto Administrativo establece como obligación de los funcionarios públicos mantener una vida social compatible con la dignidad del cargo. Asimismo, señaló que la condición de servidor público no solo exige un adecuado desempeño laboral, sino también un comportamiento privado que no desprestigie al servicio ni afecte la confianza pública o el principio de probidad administrativa.

No obstante, el organismo también destacó que la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado reconoce el derecho de los funcionarios a desarrollar actividades profesionales, comerciales u otros oficios compatibles con su función pública, siempre que estas se realicen fuera de la jornada laboral, con recursos propios y sin interferir en el cumplimiento de sus deberes.

Pese a exponer ese marco jurídico, la Contraloría no emitió un pronunciamiento definitivo sobre la situación consultada. En el dictamen, firmado por el subcontralor Víctor Hugo Merino, sostuvo que corresponde a la autoridad con potestad disciplinaria evaluar las circunstancias específicas de cada caso, considerando el cargo desempeñado, el organismo en que trabaja el funcionario y los antecedentes disponibles.

De esta forma, será Gendarmería la encargada de decidir si corresponde iniciar una investigación sumaria o un sumario administrativo y, en caso de acreditarse una responsabilidad disciplinaria, aplicar las sanciones que establezca la normativa vigente.