La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en marcha una auditoría coordinada a nivel nacional para fiscalizar el proceso de recuperación de fondos adeudados por concepto de subsidios de incapacidad laboral. Este examen masivo abarca a un total de 733 instituciones del sector público y municipal, con el foco puesto en la gestión de las licencias médicas.
El principal objetivo de esta exhaustiva revisión es verificar la correcta recuperación de los montos que las Isapres y Fonasa deben reintegrar a los servicios públicos por los subsidios pagados. Adicionalmente, la auditoría se concentrará en examinar los reintegros que deben efectuar los propios funcionarios cuando sus licencias médicas han sido rechazadas y, por lo tanto, tienen la obligación de devolver el pago correspondiente a los días no trabajados.
La fiscalización, que comenzó a inicios de este mes, incluye la revisión de los plazos de presentación de las licencias por parte de los beneficiarios y las acciones concretas que cada servicio ha tomado para cobrar estos dineros, tanto a las entidades de salud previsional como a los trabajadores que incumplieron el reposo. Del total de instituciones auditadas, la mayor parte corresponde a 332 municipalidades, seguidas por 173 entidades del sector salud y 143 de otras reparticiones públicas, además de 33 de educación, 26 de las Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería, y 24 de educación superior. Se estima que los resultados de esta auditoría coordinada serán comunicados en un plazo aproximado de tres meses. (NP-Gemini-Emol)
