En un importante giro administrativo, la Contraloría General de la República (CGR) reconsideró su postura inicial y confirmó que las asociaciones municipales del país están legalmente facultadas para ofrecer servicios de capacitación de manera remunerada. Esta decisión se produce tras una revisión jurídica del dictamen N° E129432 de 2025, el cual anteriormente prohibía este tipo de actividades bajo el argumento de que excedían el ámbito legal de dichas entidades.
El órgano contralor aclaró que el perfeccionamiento y la formación de los equipos locales son objetivos expresamente reconocidos en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Bajo este nuevo criterio, se establece lo siguiente:
Ejecución de cursos: Las asociaciones pueden organizar y ejecutar programas dirigidos a alcaldes, concejales y personal municipal.
Financiamiento propio: Los ingresos generados por estos servicios pasarán a formar parte del patrimonio de las propias asociaciones, conforme al artículo 145 de la normativa vigente.
Colaboración externa: Se ratifica la potestad para establecer convenios con otras instituciones para el desarrollo de estas tareas formativas.
IMPACTO EN EL MUNICIPALISMO
El pronunciamiento fue recibido como un avance clave por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), organismos que impulsaron las gestiones para revertir la restricción inicial. Las agrupaciones destacaron que este resultado permitirá dar continuidad a la profesionalización de los funcionarios en las 346 comunas del país sin poner en riesgo su autonomía financiera.
La Contraloría enfatizó que estas actividades deben ajustarse estrictamente a los fines de las asociaciones y respetar las reglas patrimoniales de la Ley Orgánica de Municipalidades. (NP-Gemini-ACHM)
