La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en plantas de tratamiento de aguas servidas administradas por las municipalidades de María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla, entre ellas cinco instalaciones que operaban sin autorización sanitaria y deficiencias en los sistemas de control y monitoreo ambiental.

Los principales hallazgos se concentraron en María Pinto, donde el organismo fiscalizador constató que tres plantas funcionaban sin autorización de la Seremi de Salud Metropolitana y sin que el municipio regularizara su situación conforme a la Ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales.

Se trata de las plantas La Colonia, San Enrique y Chorombo Bajo, cuyas descargas registraron en distintas oportunidades niveles de demanda biológica de oxígeno (DBO5) y coliformes fecales superiores a los límites establecidos por la normativa.

La fiscalización también detectó excedencias de sólidos suspendidos totales y pentaclorofenol.

La Contraloría consignó que un informe ambiental elaborado por el propio municipio durante 2024 ya había advertido sobre la presencia de microorganismos patógenos que podían afectar un curso de agua utilizado posteriormente para el riego de productos agrícolas destinados al consumo humano y animal.

La auditoría estableció además que la Municipalidad de María Pinto no dispone de un programa de monitoreo periódico para controlar la calidad de las aguas descargadas al Estero Puangue.

A ello se sumaron problemas de operación y mantenimiento, infraestructura deteriorada, equipos fuera de servicio y la inexistencia de planes para el manejo de lodos y la respuesta ante contingencias.

El organismo fiscalizador también detectó falencias en la coordinación entre las instituciones encargadas de supervisar este tipo de instalaciones.

Según el informe, la Seremi de Salud Metropolitana no remitió oportunamente a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) antecedentes relacionados con eventuales episodios de contaminación. La SMA, a su vez, presentó demoras en la tramitación de denuncias y en el análisis de información relevante.

Ante estos antecedentes, la Contraloría anunció el inicio de un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de la Municipalidad de María Pinto, la Seremi de Salud Metropolitana, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la Superintendencia del Medio Ambiente.

En Isla de Maipo, la fiscalización determinó que la planta Gacitúa también funciona sin autorización sanitaria y que su administración no ha sido regularizada conforme a la Ley N° 20.998.

Durante una inspección efectuada junto a funcionarios de la Seremi de Salud, se detectó además la incorporación de agua al sistema de tratamiento, procedimiento que permite diluir las aguas servidas y puede alterar los resultados de las mediciones exigidas por la normativa.

La auditoría identificó también conexiones que permitirían efectuar descargas directas de aguas servidas sin tratamiento hacia el Estero Gatica.

En la instalación se observaron, además, acumulación de lodos, modificaciones respecto del sistema originalmente aprobado, deterioro de infraestructura considerada crítica y ausencia de registros técnicos suficientes para verificar su correcto funcionamiento.

Frente a estos antecedentes, la Municipalidad de Isla de Maipo informó que instruyó un procedimiento disciplinario.

En Melipilla, en tanto, la Contraloría comprobó que la planta de tratamiento de Bollenar se encontraba operando sin la autorización requerida por la autoridad sanitaria.

El municipio tampoco estaba inscrito en el Registro de Operadores contemplado en la Ley N° 20.998, requisito exigido para administrar este tipo de servicios sanitarios rurales. (NP-ChatGPT-Emol)