El informe final de la Contraloría General de la República sobre el paso fronterizo de Colchane, en Tarapacá, reveló múltiples deficiencias en el control migratorio en el principal foco de ingresos irregulares al país.
El documento, publicado este miércoles, destacó fallas en el control del denominado “paso ancestral” que une Colchane con Pisiga Bolívar, en Bolivia, por donde los aymaras chilenos cruzan a comprar víveres en el marco del Convenio 169 de la OIT.
Según el reporte, el paso estaba delimitado por una malla de gallinero hexagonal, que en la inspección de septiembre se encontraba rota en varios sectores y en malas condiciones.
La contralora Dorothy Pérez visitó el lugar a fines de septiembre junto a su equipo y constató que la malla era precaria y no representaba un impedimento real para el cruce fronterizo.
El informe señaló que por esa zona transitan personas adultas y niños sin mayores controles, ya que el Ejército realiza solo controles aleatorios de identidad a quienes dicen estar enrolados.
Contraloría advirtió que esta situación implica un riesgo evidente de ingreso irregular de personas al país, así como de especies prohibidas y drogas, especialmente porque Pisiga Bolívar es centro de operaciones de los “coyotes” que facilitan el cruce ilegal.
La Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal argumentó que el paso ancestral está fuera de su competencia, ya que no forma parte de la infraestructura ni del perímetro del Complejo Fronterizo.
Sin embargo, la Contraloría resolvió mantener la observación, porque el paso ancestral se encuentra dentro del territorio de su jurisdicción y no son plausibles los argumentos de la delegación.
Como resultado, se advirtió el tránsito de personas sin control a través del “paso ancestral” que une Pisiga-Bolivia y Colchane-Chile, lo que vulnera la seguridad fronteriza.
La Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles a la Delegación Presidencial para acreditar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad del paso, especialmente la malla hexagonal.
El informe también constató que el Complejo Fronterizo de Colchane no contaba, a septiembre de 2025, con presencia de unidades técnicas especializadas en delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes.
Se advirtió que el complejo opera con una dotación de Policía Internacional inferior a la requerida y que no existe presencia de Carabineros en ese recinto.
Respecto a los equipos de control, se detectó que el Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del SAG estaban inoperativos desde hace mucho tiempo.
El SAG, además, contaba con equipos para inspección de vehículos (cámara de vídeo endoscopio y detectora de gases) que no eran utilizados.
En el caso de Aduanas, se observó que el medidor de densidad autorizado no era usado porque ya había cumplido su vida útil de diez años y estaba fuera del período operativo recomendado.
Respecto del camión scanner de Aduanas, se constató una baja frecuencia de fiscalización, con un promedio de solo 16 camiones por día, y la ausencia de un registro que permita verificar los criterios de selección de vehículos.
Finalmente, el informe señaló que 18 drones, el Puesto de Observación Fronteriza, cuatro equipos portátiles de vigilancia y cuatro puntos de visualización adquiridos por el Comando Conjunto en el marco del proyecto SIFRON no habían sido entregados en comodato ni desplegados en la zona. (NP-Perplexity-Ex Ante)
