La Contraloría General de la República (CGR) identificó inconsistencias en los registros administrativos y contables de 9.653 inmuebles fiscales, tras realizar una revisión nacional de la información proporcionada por el Ministerio de Bienes Nacionales y 109 organismos públicos centralizados.
El análisis, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 27, tuvo como objetivo verificar la correcta administración, destinación y contabilización de las propiedades pertenecientes al Estado.
Entre los principales hallazgos, el organismo fiscalizador detectó 3.238 inmuebles incorporados en los registros contables de distintos servicios públicos que no contaban con una destinación vigente otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Estas propiedades representan un valor superior a $451 mil millones, según los antecedentes examinados por la Contraloría.
La falta de una destinación vigente implica que no existe, en los registros revisados, un acto administrativo actualizado que respalde la asignación de esos bienes a los respectivos organismos, lo que genera dificultades para establecer su situación administrativa.
Entre las instituciones que concentran los mayores montos asociados a esta situación figuran la Dirección de Obras Portuarias, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Hospital de Carabineros.
El informe también identificó una segunda situación: 6.415 inmuebles que sí tenían una destinación vigente, pero que no estaban incorporados en la contabilidad de los servicios públicos responsables de su administración.
Esta diferencia entre los antecedentes administrativos y financieros puede provocar que parte del patrimonio fiscal no aparezca reflejado adecuadamente en los estados contables de las instituciones.
De acuerdo con el análisis, los organismos dependientes de los ministerios del Interior, Defensa Nacional y Obras Públicas concentran la mayor cantidad de propiedades con destinación vigente que carecen de registro contable.
La Contraloría advirtió que ambas situaciones afectan la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público, además de dificultar el seguimiento y control de los bienes del Estado.
Las inconsistencias detectadas no permiten concluir, por sí solas, que existan inmuebles perdidos o apropiaciones indebidas, pero sí evidencian deficiencias en la coordinación de los registros y en los mecanismos de control patrimonial.
El organismo fiscalizador subrayó la importancia de que las instituciones mantengan actualizada la información sobre los bienes fiscales que administran, tanto respecto de su situación jurídica y administrativa como de su valorización contable.
A partir de los resultados, la CGR instruyó a los servicios involucrados adoptar medidas para corregir las diferencias identificadas y fortalecer sus procedimientos internos.
Entre las acciones requeridas se encuentra la actualización de los registros contables, la revisión de las destinaciones de inmuebles y la ejecución de las gestiones administrativas necesarias para regularizar las situaciones observadas.
La fiscalización pone de relieve la necesidad de mejorar la coordinación entre el Ministerio de Bienes Nacionales y los organismos que utilizan propiedades fiscales, de manera que sus registros permitan conocer con precisión qué inmuebles están asignados, quiénes los administran y cómo se encuentran contabilizados.
Con estas instrucciones, la Contraloría busca asegurar que la información financiera del sector público refleje de manera más completa y confiable el patrimonio inmobiliario del Estado, favoreciendo una administración transparente y eficiente de los recursos fiscales. (NP-ChatGPT-Emol)
