La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación de funcionarios de Carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia, tras establecer que 36 abogados mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales para realizar las mismas funciones, situación que vulnera la normativa y la jurisprudencia vigente.

La situación quedó al descubierto durante una auditoría realizada a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, la que revisó durante 2024 el cumplimiento de las jornadas laborales de los oficiales de justicia y de los funcionarios contratados bajo la modalidad CPR para desempeñar labores transitorias.

El informe estableció que 144 abogados ejercieron funciones como oficiales de justicia durante 2024, percibiendo remuneraciones que en conjunto superaron los $5.540 millones. De ese total, 36 mantenían además un segundo contrato CPR por otras 22 horas semanales, por el cual recibieron más de $1.944 millones. La Contraloría concluyó que ambas contrataciones correspondían al desempeño de las mismas tareas, pese a que la legislación solo permite contratos adicionales cuando las funciones son distintas.

La auditoría también detectó deficiencias en el control de asistencia. En 23 de los 36 funcionarios revisados no existían registros de ingreso y salida ni sistemas que permitieran verificar el cumplimiento efectivo de las jornadas laborales, lo que impide acreditar el desempeño de las horas por las cuales recibían remuneración.

Frente a estas observaciones, la Contraloría instruyó a Carabineros ajustar las designaciones y prórrogas de los funcionarios contratados bajo la modalidad CPR que también ejerzan como oficiales de justicia, con el fin de asegurar que las labores adicionales sean distintas de aquellas que realizan en su jornada ordinaria.

El organismo fiscalizador también advirtió que algunos funcionarios desarrollaban actividades particulares remuneradas. Si bien precisó que mantener trabajos adicionales no constituye por sí mismo una infracción, la ausencia de controles de asistencia impide verificar que dichas labores se efectuaran fuera del horario institucional. En ese contexto, cinco de los 36 funcionarios con doble contrato emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024, mientras que 23 de los 144 oficiales de justicia registraron ingresos adicionales superiores a $434 millones por actividades ajenas a la institución. (NP-ChatGPT-Emol)