La Contraloría Regional de Valparaíso reveló un crítico informe de auditoría que expone múltiples deficiencias en la administración de fondos destinados a la emergencia del megaincendio de febrero de 2024. El organismo fiscalizador identificó pagos improcedentes, sobreprecios y una preocupante falta de trazabilidad en el uso de recursos públicos por parte de delegaciones presidenciales y municipios en las zonas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Estos hallazgos han derivado en la instrucción de sumarios administrativos y el envío de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para investigar posibles delitos.
DESGLOSE DE HALLAZGOS POR INSTITUCIÓN
| ENTIDAD | MONTO / IRREGULARIDAD DETECTADA | ACCIÓN ADOPTADA |
| Delegación Presidencial | $586 millones en pagos sin respaldo y abusos de trato directo. | Sumario y remisión al Ministerio Público/CDE. |
| D. Regional de Arquitectura | $434 millones en pagos indebidos por demoliciones no realizadas o parciales. | Medidas disciplinarias y correctivas. |
| Sector El Olivar | $782 millones en pagos no acreditados y adjudicaciones con sobreprecio. | Investigación por falta de respaldos. |
| Municipalidad de Quilpué | Gastos improcedentes (cocinillas sin certificación) y fallas en entregas. | Instrucción de medidas correctivas. |
| Municipalidad de Viña del Mar | Falta de trazabilidad en donaciones y vulneración de normas de compra. | Fortalecimiento de control interno. |
IMPACTO EN LA RECONSTRUCCIÓN Y CONTROL INTERNO
El informe subraya que las fallas de control interno no solo afectaron el patrimonio fiscal, sino que impactaron directamente en la eficacia de la ayuda a los damnificados. En el sector de El Olivar y otras zonas siniestradas, se detectaron deficiencias en la gestión de proyectos de reconstrucción que coinciden con las críticas ciudadanas sobre la lentitud del proceso, el cual, según analistas externos, apenas mostraría un avance cercano al 10% a dos años de la tragedia.
La Contraloría General de la República ha enfatizado que los contextos de catástrofe no eximen a las instituciones del cumplimiento estricto de la normativa de compras públicas. Por el contrario, la discrecionalidad permitida por el estado de emergencia exige una mayor rigurosidad en los respaldos para garantizar que los fondos lleguen efectivamente a las familias afectadas y no se pierdan en ineficiencias administrativas o actos de corrupción.
SUBSECRETARIO RAMOS
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió este martes a los recientes informes de la Contraloría General de la República que revelaron millonarias irregularidades en la administración de fondos para la emergencia del megaincendio de 2024 en Valparaíso. La autoridad enfatizó que el Gobierno ha mantenido una disposición permanente para entregar todos los antecedentes requeridos por el organismo fiscalizador y recordó que la Delegación Presidencial Regional ya confirmó su colaboración total durante el proceso de auditoría.
Respecto a las acciones legales y administrativas, Ramos informó que ya se encuentran en curso diversos sumarios internos para determinar las responsabilidades correspondientes en los servicios involucrados. Asimismo, confirmó que la totalidad de los antecedentes detectados por la Contraloría fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se inicien las investigaciones judiciales necesarias sobre el uso de estos recursos públicos.
Consultado sobre una posible autocrítica por las fallas en el control de gastos, el subsecretario señaló que los momentos de catástrofe generan una alta presión institucional y ciudadana, pero instó a actuar con responsabilidad. Ramos lamentó que, a su juicio, las emergencias estén siendo utilizadas en el último tiempo como una herramienta para el ataque político entre diversos sectores, por lo que hizo un llamado a la unidad de las autoridades nacionales y regionales para responder de mejor forma a la población.
Finalmente, el personero de Interior evitó profundizar en el contenido específico de las auditorías, señalando que la forma en que se comunican estos análisis es competencia exclusiva de la Contraloría. El subsecretario concluyó que lo relevante en este escenario es permitir que las instituciones realicen su trabajo de forma independiente, asegurando que el Ejecutivo colaborará en todo lo necesario para que se apliquen las sanciones que correspondan y se esclarezcan los hechos. (NP-Gemini-Emol-Bio Bio)