La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo edificio central del Servicio Médico Legal (SML), entre ellas problemas en sistemas de protección contra incendios y dependencias de tanatología. A raíz de los hallazgos, el organismo fiscalizador anunció que formulará un reparo por más de $1.571 millones mediante una demanda en juicio de cuentas.

Los problemas del inmueble habían sido advertidos semanas atrás por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien señaló que, pese a haber sido inaugurado en febrero de 2026, el edificio todavía no se encontraba plenamente operativo. El secretario de Estado calificó entonces la situación como “lamentable”.

El informe final de la Contraloría Regional Metropolitana se elaboró tras una fiscalización al contrato de reposición del edificio central del SML, proyecto cuya ejecución está a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Entre los principales hallazgos, la Contraloría constató desembolsos por $1.110 millones para la adquisición del sistema de extinción de incendios FM-200 y otros $461 millones correspondientes al sistema de energía de respaldo para emergencias.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, no fue posible acreditar que ambos sistemas cumplieran las condiciones establecidas en las respectivas especificaciones técnicas. Los montos observados explican el reparo por un total de $1.571.798.088 que la Contraloría buscará recuperar mediante un juicio de cuentas.

La fiscalización también detectó problemas de hermeticidad en dependencias críticas destinadas a tanatología. Una sala para autopsias especiales permanecía fuera de servicio debido a riesgos sanitarios, situación particularmente relevante considerando las funciones forenses que debe desarrollar el SML.

A ello se agregaron deficiencias en el sistema de protección contra incendios. Durante la inspección, los fiscalizadores comprobaron que la bomba principal se encontraba inoperativa debido a una incompatibilidad entre sus requerimientos eléctricos y la infraestructura dispuesta para suministrarle energía.

Según el informe, esta condición afecta la capacidad de respuesta del edificio ante una eventual emergencia por incendio.

La construcción del inmueble debía concluir originalmente a fines de 2023. Sin embargo, su puesta en explotación se produjo en diciembre de 2025 y posteriormente se estableció un período de marcha blanca hasta mayo de 2026.

Pese a ello, después de esa fecha continuaban ejecutándose tareas de integración, validación y comprobación de los distintos sistemas. En junio, cuando la Contraloría realizó una inspección en terreno, el edificio registraba una ocupación de apenas 34% y todavía tenía verificaciones técnicas pendientes.

Además de iniciar las acciones destinadas a obtener la restitución de los recursos observados, la Contraloría ordenó a la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas.

Los antecedentes refuerzan los cuestionamientos sobre la recepción y puesta en marcha de una infraestructura destinada a funciones esenciales del Servicio Médico Legal, que permanecía parcialmente operativa varios meses después de su inauguración. (NP-ChatGPT-La Tercera)