Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas reveló importantes falencias en la gestión, fiscalización y conservación de los puentes de la red vial pública del país durante el período comprendido entre enero de 2022 y marzo de 2025.
El informe elaborado por la División de Infraestructura y Regulación del organismo fiscalizador identificó debilidades tanto en los sistemas de información como en los procedimientos de inspección y mantenimiento de estas estructuras, advirtiendo riesgos asociados a la seguridad y a la adecuada planificación de las intervenciones.
Entre los principales hallazgos se constató que más del 85% de los puentes no cumple con los plazos de inspección establecidos por la normativa vigente. La auditoría detectó además estructuras que no han sido revisadas desde 2016, pese a la importancia de estas evaluaciones para determinar su estado de conservación.
El documento también advierte la existencia de diversos puentes con daños relevantes que permanecen sin reparación durante años. Uno de los casos mencionados corresponde a una estructura ubicada en la comuna de Lolol, que mantiene observaciones técnicas desfavorables y no ha sido intervenida durante más de cuatro años.
La investigación identificó además puentes que carecen de evaluaciones estructurales registradas. La ausencia de estos antecedentes impide conocer con precisión el nivel de deterioro de las obras y dificulta la priorización de recursos para ejecutar reparaciones o mejoras.
Otro aspecto observado por Contraloría corresponde a las inconsistencias presentes en los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Vialidad. El informe detectó registros duplicados, información incompleta, datos contradictorios y estructuras sin antecedentes básicos, situación que afecta la calidad de la gestión y la planificación de las mantenciones.
Frente a estos resultados, el organismo fiscalizador instruyó a la Dirección de Vialidad adoptar una serie de medidas correctivas. Entre ellas figuran la depuración y unificación de las bases de datos, el cumplimiento estricto de los programas de inspección, la ejecución oportuna de mantenciones pendientes y el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión técnica.
Asimismo, se ordenó acreditar adecuadamente las revisiones efectuadas y respaldar documentalmente la participación de especialistas en los distintos proyectos, con el objetivo de mejorar la gestión y reducir los riesgos asociados a la infraestructura vial del país. (NP-ChatGPT-Emol)