Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló graves irregularidades en la gestión financiera de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), detectando deudas por concepto de cuotas ordinarias que superan los diez años de antigüedad. El organismo fiscalizador examinó el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024, etapa en la que la entidad era encabezada por la entonces alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, identificando deficiencias estructurales en el control de ingresos y la transparencia de los recursos.
Entre los hallazgos más críticos del Informe N° 954, destaca que 71 municipios socios no han pagado sus cuotas obligatorias durante diversos periodos entre 2013 y 2023. La situación resulta particularmente compleja, ya que la lista de deudores incluye a entidades edilicias cuyos propios alcaldes formaban parte del directorio de la asociación. Según la CGR, la ACHM ha operado bajo un sistema contable que solo registra los ingresos cuando el flujo de dinero es efectivo, omitiendo las cuentas por cobrar, lo que impide conocer la realidad financiera fidedigna de la institución.
Además de la morosidad persistente, la auditoría identificó que la asociación dejó de percibir ingresos por concepto de participación en asambleas nacionales. Al menos 16 asistentes a un evento realizado en abril de 2024 no pagaron el costo de inscripción de $400.000, lo que generó un perjuicio de $6.400.000. Para la Contraloría, este hecho demuestra una falta de trato igualitario hacia el resto de los municipios miembros que sí cumplen con sus compromisos financieros.
Tras la emisión de este dictamen, la ACHM dispone de un plazo de 60 días hábiles para regularizar los pagos pendientes y, en caso de ser necesario, iniciar procesos sancionatorios contra los morosos. El informe también instruyó la corrección de fallas en los registros de asistencia de personal y la adopción del principio contable de devengo, con el objetivo de asegurar que la gestión de los recursos municipales se ajuste a los estándares de eficiencia y probidad exigidos por ley. (NP-Gemini-La Tercera)