Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló importantes deficiencias en la gestión de la Universidad del Biobío para recuperar recursos públicos asociados a becas de perfeccionamiento académico otorgadas entre 2017 y 2024. El organismo fiscalizador estableció que la institución no logró acreditar la restitución de más de $4.200 millones correspondientes a beneficios entregados a académicos que posteriormente incumplieron las obligaciones establecidas en esos programas.
De acuerdo con el Informe Final N.º 128/2026, la universidad no efectuó oportunamente las gestiones de cobro de más de $2.019 millones. Si bien estas acciones fueron iniciadas después de la emisión del preinforme de la Contraloría, al cierre de la investigación no existían antecedentes que acreditaran la recuperación efectiva de esos recursos. A ello se suman otros $2.192 millones respecto de los cuales la casa de estudios había iniciado acciones judiciales con anterioridad a la auditoría, sin que tampoco se demostrara el reintegro de los fondos.
El órgano fiscalizador también constató que más de $308 millones no pudieron ser recuperados debido a que las acciones judiciales correspondientes no fueron ejercidas dentro de los plazos legales, provocando la prescripción de las causas. Asimismo, la Contraloría detectó prolongados períodos de inactividad procesal en diversos juicios y observó que varias de las acciones concluyeron sin resultados favorables para la universidad, evidenciando debilidades en el seguimiento y control de los procesos judiciales.
La investigación estableció además diversas falencias en la administración financiera y contable de la institución. Entre ellas, la inexistencia de registros contables por más de $1.452 millones correspondientes a deudas derivadas de ceses de patrocinio institucional ya decretados, además de cerca de $89 millones asociados a procedimientos que aún no habían sido formalizados mediante los actos administrativos respectivos.
Otro de los antecedentes observados fue la demora en la emisión de los decretos universitarios que formalizan el cese del patrocinio institucional a los académicos beneficiarios. En algunos casos, transcurrieron más de diez años entre la decisión adoptada por el Comité de Perfeccionamiento Académico y la dictación del acto administrativo, situación que retrasó el inicio de las acciones judiciales destinadas a recuperar los recursos públicos comprometidos.
La Contraloría también advirtió deficiencias en el control de los pagarés suscritos por los beneficiarios de estos programas, debido a la inexistencia de un registro consolidado de dichos documentos. Por esta razón, instruyó a la Universidad del Biobío implementar mecanismos de control más rigurosos y elaborar un catastro actualizado que permita fortalecer la gestión de estas garantías.
Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el organismo fiscalizador anunció que formulará los reparos correspondientes por la eventual responsabilidad civil de los funcionarios que no ejercieron oportunamente las acciones de cobro. Asimismo, ordenó a la Universidad del Biobío iniciar un sumario administrativo para establecer las responsabilidades internas y remitir los antecedentes del procedimiento dentro del plazo establecido.
Finalmente, la Contraloría instruyó a la casa de estudios reforzar sus sistemas de control, monitoreo y seguimiento tanto de los programas de perfeccionamiento académico como de los procesos destinados a recuperar recursos públicos, con el objetivo de evitar que este tipo de deficiencias vuelva a repetirse en el futuro.