La Contraloría General de la República advirtió falencias en la fiscalización de casos de violencia escolar por parte de la Superintendencia de Educación, tras constatar que solo el 10% de las denuncias registradas derivó en investigaciones formales en el marco del programa de Convivencia y Salud Mental.
Según el informe N°660 de 2025, entre 2020 y octubre de ese año se contabilizaron más de 35 mil denuncias a nivel nacional, de las cuales apenas 1.727 fueron objeto de fiscalización directa. El organismo concluyó que, lejos de disminuir, este tipo de casos ha ido en aumento, consolidando la violencia escolar como una de las principales problemáticas del sistema educativo.
La auditoría también detectó irregularidades en la reubicación de estudiantes sancionados con expulsión o cancelación de matrícula. En particular, se constató que 38 alumnos fueron reincorporados en establecimientos emblemáticos —incluyendo algunos donde ya habían sido sancionados— sin ajustarse a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
El análisis incluyó recintos como el Instituto Nacional José Miguel Carrera, el Liceo José Victorino Lastarria, el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo de Aplicación, entre otros, los cuales concentran altos niveles de denuncias y sanciones.
De acuerdo con el informe, un 21% de los estudiantes sancionados regresó al mismo establecimiento, mientras que el 79% fue trasladado a otros liceos con problemas similares de convivencia. Frente a este escenario, la Contraloría instruyó a la Superintendencia y a la Subsecretaría de Educación adoptar medidas coordinadas y establecer reglas claras para los procesos de reubicación. (NP-ChatGPT-La Tercera)