La Contraloría General de la República detectó falencias en la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la región Metropolitana, incluyendo retrasos en la designación de directores ejecutivos, el uso irregular de más de $1.200 millones y una baja ejecución presupuestaria. Por ello, el ente fiscalizador instruyó un sumario en la Subsecretaría de Educación y en la Dirección de Educación Pública (DEP).
Las irregularidades se dieron a conocer en el Informe Final N.° 784, publicado este 15 de julio. En la auditoría emitida por el organismo contralor, se identificaron una serie de incumplimientos normativos, administrativos y financieros. Esto durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024.
En primer término, se hallaron deficiencias en las etapas de implementación, tales como el retraso de hasta 250 días en la designación de directores ejecutivos de los SLEP Santa Corina, Los Libertadores, Del Pino y Santa Rosa. Esto provocó demoras en el inicio de las labores de los servicios, además de afectar la instalación de estructuras esenciales como el apoyo pedagógico y la planificación de gestión.
De igual forma, se informó que más del 40 % de los procesos clave del traspaso presentaban un avance igual o inferior al 5 %, a pocas semanas del cambio en la administración educativa.
El ente fiscalizador también constató rendiciones por un monto superior a los $1.200 millones en pagos por remuneraciones, finiquitos y deudas previsionales entre 2015 y 2024. Esto, pese a que dichos fondos estaban destinados a cubrir gastos existentes hasta el 31 de diciembre de 2014, en el marco del cumplimiento del Plan de Transición.
Por esta causa, la DEP tiene el deber de gestionar la restitución de los recursos.
En otras materias financieras, Contraloría reveló que, de un presupuesto de más de $5.600 millones asignado en 2023, solo se ejecutó un 4,35 %. Mientras que, en el tercer trimestre de 2024, aún no se alcanzaba el 40 % de ejecución.
Incluso, 12 convenios por más de $5.300 millones destinados a obras urgentes de infraestructura escolar todavía no han sido tramitados ni ejecutados. A raíz de lo anterior, se cuestiona el uso de fondos públicos y el cumplimiento de la Ley de Presupuestos.
Por esta razón, la Contraloría solicitó a ambas entidades informes correctivos en un plazo de 60 días hábiles. En el requerimiento, advirtió que las falencias afectan la calidad del traspaso educativo, el uso eficiente de recursos y el derecho a una educación pública de calidad.
Ante todo lo expuesto, el ente fiscalizador iniciará un procedimiento disciplinario en la DEP y la Subsecretaría de Educación. (Bio Bio)
