La Contraloría General de la República detectó $796.440 millones registrados en cuentas contables del sector público y municipal que permanecieron inactivas entre 2020 y 2024 y que, hasta marzo de 2026, continuaban sin registrar movimientos.

El hallazgo fue realizado mediante RADAR, herramienta de Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo del organismo fiscalizador. Del monto total identificado, $641.954 millones corresponden al sector público, mientras que otros $154.486 millones pertenecen al ámbito municipal.

Para efectuar el análisis, la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría utilizó información proveniente del Sistema de Contabilidad General de la Nación (Sicogen), plataforma administrada por la propia institución.

De acuerdo con el RADAR N° 3, la existencia de saldos contables sin movimiento no implica necesariamente que exista una irregularidad. Sin embargo, la Contraloría advirtió que mantener estos registros inactivos durante períodos prolongados puede generar riesgos relevantes para la adecuada administración de los recursos públicos.

Entre las situaciones que preocupan al organismo se encuentra la eventual pérdida de dineros que deberían recuperarse mediante gestiones de cobranza, además de la permanencia de fondos transferidos que no estarían siendo utilizados para los objetivos originalmente establecidos.

La Contraloría también alertó sobre los efectos que esta situación puede tener en la calidad de los antecedentes financieros disponibles, debido a que registros desactualizados o poco confiables pueden afectar la toma de decisiones de las instituciones.

El análisis determinó que más del 90% de los recursos que permanecen sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar. Se trata, por lo tanto, de montos cuya recuperación requiere acciones de cobranza y que no representan recursos inmediatamente disponibles para las entidades.

Según el organismo fiscalizador, la prolongación de esta situación aumenta la posibilidad de que algunos de esos recursos se vuelvan incobrables e incluso existe el riesgo de que determinados montos lleguen a prescribir.

Los antecedentes serán comunicados directamente a las instituciones involucradas para que revisen cada situación y, cuando corresponda, realicen las respectivas gestiones de cobranza. Asimismo, deberán adoptar medidas destinadas a mejorar la calidad de su información financiera y favorecer un uso más eficiente de los recursos públicos.

La herramienta RADAR comenzó a utilizarse en abril de 2026 con un primer análisis enfocado en compras públicas efectuadas por algunas municipalidades, gobiernos regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Posteriormente, un segundo reporte de RADAR alertó sobre riesgos relacionados con un eventual uso indebido de recursos correspondientes al programa de protección de mascotas. El nuevo análisis constituye la tercera revisión realizada mediante esta herramienta de fiscalización basada en datos. (NP-ChatGPT-La Tercera)