La Contraloría Regional del Maule detectó irregularidades en la administración de viviendas fiscales destinadas a funcionarios públicos, entre ellas asignaciones a personas que ya poseían propiedades en la misma localidad, ocupaciones sin cumplir los requisitos legales y deudas por servicios básicos superiores a $45 millones. El organismo ordenó iniciar un procedimiento disciplinario y adoptar medidas para regularizar los inmuebles.

Los antecedentes están contenidos en el Informe Final de Investigación Especial N.º 393, fechado el 10 de septiembre de 2026, que examinó la gestión de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales del Maule y el uso de propiedades estatales entregadas a distintos servicios públicos.

Uno de los principales hallazgos corresponde a 14 funcionarios de ocho organismos públicos que mantenían viviendas fiscales asignadas, pese a que ellos o sus cónyuges figuraban como propietarios de inmuebles particulares en la misma localidad donde desempeñaban sus funciones.

Según el organismo fiscalizador, esta situación contraviene las condiciones establecidas en el artículo 91 de la Ley N.º 18.834, que regula el acceso de funcionarios públicos a viviendas fiscales.

De los 14 casos observados, 11 correspondían a funcionarios que registraban propiedades a su nombre y tres a inmuebles pertenecientes a sus cónyuges.

Entre las propiedades identificadas, seis tenían destino habitacional, cuatro estaban registradas como terrenos agrícolas y una correspondía a un sitio eriazo. Sin embargo, la revisión de imágenes satelitales permitió detectar construcciones en tres de los terrenos agrícolas o eriazos.

Ante estos antecedentes, Contraloría instruyó verificar los títulos de dominio y comprobar si los beneficiarios cumplían efectivamente las condiciones legales para mantener la asignación de las viviendas.

La investigación también identificó dos viviendas fiscales abandonadas, ubicadas en las comunas de Molina y Talca.

Asimismo, se detectaron tres inmuebles ocupados por personas que habían dejado de pertenecer a la Administración Pública, situación que debía ser regularizada por los organismos responsables.

En materia de infraestructura, la fiscalización constató que 17 viviendas fiscales carecían de permisos de edificación o recepción municipal. Los inmuebles se encuentran distribuidos en Talca, Cauquenes, San Clemente, Linares y Pelluhue.

A ello se sumaron nueve propiedades utilizadas como residencia de funcionarios, pese a que los actos administrativos correspondientes establecían destinos diferentes al habitacional.

Otro de los hallazgos relevantes fue la existencia de deudas vencidas por un total de $45.715.530, asociadas a servicios y obligaciones de las viviendas fiscales.

Del monto identificado, $33.520.384 correspondían a derechos de aseo, $8.186.850 a consumo de agua potable y $4.008.296 a suministro eléctrico.

Contraloría instruyó a la Seremi de Bienes Nacionales exigir la regularización de esas obligaciones y comprobar las gestiones efectuadas por los servicios públicos responsables de los inmuebles.

En caso de que no se acredite el pago, los organismos involucrados deberán presentar medidas concretas para solucionar las deudas o proceder a la restitución de las propiedades, según corresponda.

La revisión también estableció deficiencias en los mecanismos de control de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

Según el informe, la repartición no disponía de un catastro actualizado de las viviendas fiscales destinadas a funcionarios públicos en la región, lo que dificultaba conocer su estado de ocupación, situación administrativa y cumplimiento de las condiciones de asignación.

Además, Contraloría constató que 22 viviendas fiscales no habían sido inspeccionadas por la Seremi entre enero de 2021 y abril de 2026.

El organismo también advirtió diferencias en la cobertura de las fiscalizaciones efectuadas durante ese período, lo que evidenció debilidades en el seguimiento de las propiedades administradas.

Como consecuencia de los hallazgos, Contraloría ordenó a la Seremi de Bienes Nacionales del Maule iniciar un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

La entidad deberá, además, adoptar las medidas necesarias para actualizar el registro de inmuebles, verificar las condiciones de sus ocupantes, regularizar las situaciones de uso indebido y gestionar el cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes. (NP-ChatGPT-Bio Bio)