La Contraloría General de la República determinó que la designación de Tomás Fuentes Barros como director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Ñuñoa no se ajustó a derecho, debido a que asumió el cargo mientras mantenía una inhabilidad judicial vigente para ejercer funciones públicas.
El organismo estableció que el funcionario había sido condenado en marzo de 2025 por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a una suspensión de 41 días para ejercer cargos públicos, sanción que no cumplió ni informó al momento de su nombramiento.
Según los antecedentes, Fuentes ocultó esta situación y declaró bajo juramento no estar afecto a ninguna inhabilidad, lo que permitió su designación tras haber renunciado previamente a otro cargo municipal en medio de cuestionamientos.
La Contraloría calificó el nombramiento como nulo de pleno derecho y advirtió que la conducta podría constituir una grave infracción al principio de probidad administrativa, al no informar antecedentes relevantes para el ejercicio del cargo.
El ente fiscalizador sostuvo que el funcionario no cumplía con los requisitos legales establecidos para asumir el puesto, debido a la inhabilidad vigente al momento de su designación.
Ante esta situación, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, instruyó la realización de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades tanto del propio funcionario como de quienes validaron su nombramiento.
Desde el concejo municipal, se cuestionó la decisión, señalando que la situación era conocida y que no correspondía avanzar con la designación en esas condiciones. (NP-ChatGPT-La Tercera)