La Contraloría General de la República emanó este viernes un informe en el que advierte que el rol del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, en el acuerdo de reformas constitucionales entre partidos oficialistas no se ajustó a la necesaria prescindencia.
La resolución del ente fiscalizador responde a un requerimiento ingresado por los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Joanna Pérez y Eric Aedo.
Los parlamentarios denunciaron una eventual “vulneración a los principios de juridicidad y probidad” en relación a la responsabilidad que desplegaría el secretario de Estado al recibir las propuestas para modificar la nueva Constitución en caso de aprobarse en el plebiscito constitucional.
Ante la denuncia, la Contraloría estimó que si bien el papel que jugaría Jackson “se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado” -aludiendo a su vinculación con los partidos políticos en procesos, por ejemplo, de coordinación- planteó que “no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito”.
En ese sentido, el órgano liderado por Jorge Bermúdez determinó que el titular de la Segpres “deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo”.
Otro de los aspectos que fueron cuestionados en el informe del ente fiscalizador fue que si bien se hizo presente por parte del Ejecutivo a los partidos que se identificaran por el Apruebo la posibilidad de elaborar propuestas para modificar el proyecto constitucional, no existen “antecedentes” de que se adoptaran medidas similares para la opción del Rechazo.
“Se advierte que en forma previa a la realización del plebiscito, se hizo presente a ciertos partidos que se identifican con una de las opciones plebiscitadas -Apruebo-, la posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva Constitución en caso de ser aprobada”, señalan sobre ese punto.
Sin embargo, agregan que “y sin que conste de los antecedentes tenidos a la vista ni de lo informado por esa Cartera de Estado, que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas en relación con la opción Rechazo”.
En el documento, además, el ente fiscalizador aclara que “considerando el principio de primacía de la realidad, esta Contraloría General no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado puedan tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones”.
Esta resolución se suma a la investigación iniciada en julio por la Contraloría -específicamente a la Secretaría General de Gobierno, liderada por la ministra Camila Vallejo-, tras recibir una serie de denuncias y requerimientos provenientes de parlamentarios de oposición, por un supuesto intervencionismo electoral del Ejecutivo y trasgresión a la prescindencia frente al referéndum.
Tras darse a conocer la resolución de Contraloría, los diputados Pérez y Aedo -quienes impulsaron el requerimiento- valoraron lo dictaminado por el órgano fiscalizador.
“La Contraloría nos dio la razón. El ministro Jackson ha faltado a la prescindencia que exige la ley en un plebiscito donde las dos opciones son válidas. Y por eso es de la máxima gravedad”, aseguró la parlamentaria.
“Aquí se puede dar lo que ha hecho un seremi del Biobío donde ha dicho que el propio Presidente Boric les ha dado la instrucción de estar con la opción que todos sabemos que está este gobierno. Por eso si una autoridad quiere hacer campaña lo puede hacer, pero dando un paso al costado”, complementó.
En una línea similar, Aedo indicó que “el contralor ha emitido un pronunciamiento y nos ha encontrado la razón. Le pide al ministro Jackson y al ministerio de la Segpres que no haga intervencionismo político. Aquí se ha impuesto el principio de realidad”.
“El gobierno da explicaciones, pero ha actuado con intervencionismo en favor de una opción del plebiscito del 4 de septiembre”, aseguró.
Sin embargo, en una postura más crítica, el diputado emplazó a Jackson a presentar su renuncia.
“Lo dijimos unos días atrás, estábamos frente al mayor intervencionismo político en un proceso eleccionario desde la dictadura de Pinochet, en octubre de 1988 y lo ha confirmado la Contraloría. Y por tanto, si el ministro Jackson tiene, como dijo, una escala valórica distinta, espero que en las próximas horas dé un paso al costado y renuncie al ministerio Segpres por intervencionismo político en el plebiscito del 4 de septiembre”, señaló Aedo.
Jackson había asumido el rol de receptor de las propuestas constitucionales a principios de mes. Durante el primer comité político ampliado de los partidos oficialistas con el gobierno, la sensación que le quedó a los timoneles fue que el titular Segpres lideraría las conversaciones.
Un rol que quedó en duda luego de la polémica por los dichos sus dichos sobre la diferencia de valores y principios entre su generación y la anterior, aludiendo directamente a la exConcertación, hoy representada en el gobierno por el Socialismo Democrático.
Fue ahí que el Presidente Gabriel Boric, si bien lo respaldó en el cargo, puso en duda su continuidad como el encargado de canalizar las conversaciones oficialistas.
“La interlocución tiene que ser permanentemente con quien mejor facilite esto” y advirtió que “acá no podemos quedarnos ni desde el gobierno, ni desde los parlamentario, ni desde otras autoridades políticas que son importantes, en orgullos personales”, indicó el Mandatario el pasado 4 de agosto.
Sin embargo, días después fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien salió a precisar el rol de Jackson y dejó en claro que estaba recogiendo las propuestas que se discutían en el oficialismo.
“Nosotros no podemos negar como gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, recepcionar propuestas de reforma constitucional o de leyes, esa es una tarea que tiene por mandato el ministerio que lidera el ministro Jackson”, indicó. (La Tercera)
