La contralora general de la República, Dorothy Pérez, reveló que el organismo fiscalizador mantiene actualmente dos líneas de auditoría sobre Codelco, relacionadas con una asesoría vinculada al acuerdo para la explotación de litio en el Salar de Atacama y con denuncias sobre una eventual alteración de cifras de producción que habría incidido en el pago de bonos.

Pérez entregó los antecedentes durante su participación en el ciclo Mujer y Política, organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez y La Tercera. En la instancia recordó que la fiscalización habitual de la empresa estatal corresponde a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y que la Contraloría solo puede intervenir bajo circunstancias especiales establecidas por la legislación.

La autoridad explicó que determinó que existían condiciones excepcionales que justificaban la intervención de la Contraloría y que, en su momento, notificó al Presidente de la República sobre el inicio de las fiscalizaciones.

Una de las auditorías está relacionada con el acuerdo alcanzado entre Codelco, SQM y Corfo para la producción de litio en el Salar de Atacama. Pérez señaló que existen aspectos sobre los cuales la Contraloría debió abstenerse de pronunciarse debido a que la Corte Suprema ya había resuelto respecto de su legalidad.

Sin embargo, el organismo fiscalizador puso su atención en una asesoría proporcionada por una empresa internacional durante el proceso que condujo a la decisión. Ese servicio se encuentra actualmente bajo auditoría debido, entre otros factores, a la relevancia de los recursos involucrados.

La contralora sostuvo que las características excepcionales del caso y la magnitud de los montos justificaron que el organismo iniciara la revisión de esos antecedentes.

La segunda línea de investigación apunta a la producción informada por Codelco durante 2025 y a las denuncias sobre una eventual sobreestimación de esas cifras, situación que habría derivado en el pago de bonos por montos superiores a los que correspondían.

Pérez explicó que la Contraloría está examinando antecedentes que apuntan a que las cifras de producción podrían haber sido modificadas con el propósito de alcanzar las condiciones necesarias para efectuar dichos pagos.

La autoridad enfatizó que el organismo no descartará intervenir excepcionalmente en Codelco cuando existan antecedentes suficientes sobre posibles irregularidades. En ese contexto, mencionó las denuncias y solicitudes específicas provenientes tanto de parlamentarios como de ciudadanos como elementos que pueden justificar una fiscalización.

Pérez recalcó que, pese a que esta información no era ampliamente conocida, la Contraloría mantiene actualmente abiertas estas dos líneas de auditoría sobre la principal empresa estatal del cobre. (NP-ChatGPT-La Tercera)