El gobierno del Presidente Boric está empeñado en modificar el financiamiento de la educación superior con un proyecto de ley que se discute hoy en el Senado conocido por la sigla FES. Durante la tramitación, varios analistas habían objetado la forma en que el FES -que reemplazaría al CAE (Crédito con Aval del Estado)- contabiliza los recursos que el Estado destine al pago de las carreras que cursen los estudiantes que accedan a este financiamiento. El Ejecutivo en su proyecto los clasifica como una inversión o activo en sus simulaciones. De esa manera, según estimaciones de Acción Educar, el proyecto evitaba reflejar un costo de aproximadamente mil millones de dólares en el informe financiero. El Consejo Fiscal Autónomo ya había levantado una alerta ante esta presentación, señalando que si se determinaba como activo financiero debían definirse los criterios para su valorización, lo que guarda relación con la incertidumbre en torno a sus flujos futuros. ¿Cuánto pagarían los alumnos en definitiva? Debería establecerse una tasa de recuperación estimada de los flujos comprometidos, ya que si era inferior al 100% era necesario registrar “sobre la línea” un componente de subsidio que refleje el mayor gasto fiscal.
Pero afortunadamente, la Contraloría General de la República ha emitido un dictamen esta semana que determina que los recursos entregados por el FES no cumplen las condiciones para ser reconocidos como activos, pues no estamos ante un derecho adquirido. De esa manera, el organismo contralor ha validado las críticas del Consejo Fiscal Autónomo, Acción Educar, Libertad y Desarrollo y otras entidades que consideraban que con esta presentación del proyecto el gobierno estaba ocultando parte del costo del proyecto.
El diputado Manuel Mellado, quien presentó el requerimiento a la Contraloría, señala que desde un principio se objetó esta presentación que eludía que esta obligación se reflejara en el presupuesto.
Desgraciadamente, se ha hecho una costumbre en el gobierno de Boric la presentación de proyectos que ocultan la verdadera cuantía de los recursos fiscales que se comprometen, mediante estas prácticas de contabilidad creativa, como se le llamó al ocultamiento de la verdadera magnitud de las deudas en el famoso caso Enron, empresa de energía que fue a la quiebra en Estados Unidos y sus ejecutivos a la cárcel, al descubrirse que habían escondido miles de millones de dólares en deudas.
Chile también tuvo su Enron criollo con el caso La Polar, donde la administración ocultó la existencia de millones de dólares en deudas incobrables a través de prácticas contables fraudulentas y algunos de sus principales ejecutivos terminaron también en prisión.
Pero pareciera que la contabilidad creativa en el sector público no tiene la misma sanción que en las empresas privadas, sino al contrario, puede redituar en forma de votos. Así puede suceder con un proyecto que oculta el costo para los chilenos de financiar matrículas a estudiantes universitarios o uno que esconde la deuda fiscal que se genera por un préstamo al fisco que realizan los trabajadores afiliados al sistema previsional para financiar las pensiones de los actuales pensionados, al no contabilizarlo sobre la línea.
Contabilidad creativa fiscal que instituciones que cumplen su rol, como la Contraloría General de la República o el Consejo Fiscal Autónomo, debieran a empezar a erradicar. (El Líbero)
Luis Larraín
