La semana pasada la Convención Constituyente dio muestras de estilo con las iniciativas aprobadas en Comisión. La familia ya no será el núcleo de la sociedad. Se eliminó el Senado –lo que implica eliminar el que se acaba de elegir, opositor a Boric-, para reemplazarlo por una cámara plurinacional con escaños reservados para los pueblos indígenas. Se rechazó la iniciativa de reducir el número de diputados y senadores. Se eliminó la libertad económica y la libre competencia. Se anularon todos los permisos y concesiones de proyectos mineros, forestales y eléctricos que se encuentren en “territorio indígena ancestral”, es decir, en gran parte del territorio nacional. Se puso fin a la independencia judicial e inamovilidad de los jueces. Se determinó que los pueblos indígenas tendrán autogobierno, autonomía y leyes y jueces propios. Los niños de 16 años podrán votar. Chile se dividirá en trece regiones autónomas con territorios para los mapuches, aymaras, quechuas, changos, collas, diaguitas, kawésqar, yagan, rapa nui, para la nación chilena -por suerte- y para el pueblo tribal afrodescendiente. Entre varias misceláneas, se decretó también el derecho a la atmosfera, el derecho al propio cuerpo y la creación de una justicia feminista.
Desde luego se trata de la misma Convención que hace unos meses llamara la atención por la llegada de la “Tía Pikachu”, Giovanna Grandón, disfrazada de Pokemon a la sala principal acompañada por el constituyente Cristóbal Andrade convertido en un dinosaurio azul, muñeco que también ocupara su lugar dentro del hemiciclo. O que pidiera para su almuerzo ensaladas con queso azul, risotto y carnes y mariscos, a pesar de haber declarado su presidenta que la gente bajaba de peso por no tener qué comer en la sede del Congreso. Pero también son los votos de miembros de los mismos partidos de izquierda que forman parte del gabinete del Presidente electo. La mayoría automática de la Convención y el nuevo gobierno son lo mismo.
El libreto
Lo que la Convención está aprobando en Chile es de manual. Es cierto que todo proyecto tiene particularidades, pero no es menos cierto que el socialismo del siglo XXI tiene un libreto cristalinamente editado y que se expone claramente a quien quiera oírlo.
La tensión entre libertad individual y poder colectivo ha constituido el dilema eterno de la democracia, que desemboca en un uso radicalmente opuesto a su fin. Fue justamente esta tendencia la que terminó hundiendo el primer experimento democrático conocido: el de la Atenas clásica, que finalmente se transformó en una herramienta de poder de aquellos demagogos que un día lograron la condena de Sócrates a la muerte.
Pero sucede que hoy se agudiza por la existencia de un creciente número de líderes con aspiraciones totalitarias que llegan al poder por la vía democrática y, una vez en él, pretenden no conocer límites ni cortapisas. Así es como en corto lapso, han triunfado a través de mecanismos democráticos Castillo, López Obrador y Boric. Mientras, las aberrantes violaciones a los derechos humanos de las dictaduras cubana, nicaragüense o venezolana no hacen mella en la estabilidad de sus gobiernos, que incluso se han fortalecido. Bolivia y Argentina siguen barranca abajo en todos los índices, pero eso tampoco desestabilizó a sus gobiernos. Ni siquiera los traspiés electorales han asestado un golpe certero. Honduras acaba de elegir al chavismo. Panamá y Costa Rica coquetean con la dictadura China y el panorama electoral 2022 en Colombia y Brasil es malo, por decir lo menos.
La forma más radical de quienes así piensan es la propuesta de una asamblea constituyente, donde todo el poder está concentrado y el país resulta ser refundado de acuerdo a los humores de la mayoría que se da en ese momento. Este ha sido el camino seguido por los experimentos autoritarios latinoamericanos de inspiración chavista y basta ver en qué estado se encuentra Venezuela para entender su peligrosidad. Desafortunadamente fue el camino elegido también por Chile.
Una elite condescendiente
La Constitución chilena era parte de lo que se dio en llamar el milagro chileno, un período en el que el país se convirtió en el más seguro y próspero de la región, con indicadores de desarrollo superiores a la media del resto de los países que lo rodean, que avanzaban sin retén en la pendiente de pobreza y decadencia. Constitución que, incluso, llevaba la firma del presidente Ricardo Lagos, y que fuera modificada decenas de veces en democracia.
Pero esto no tuvo importancia: prevaleció la narrativa sobre los hechos, la que logró instalar la épica de que el cambio constitucional solucionaría los problemas que, en teoría, llevaron al 18 de octubre de 2019. En teoría, porque no hay que engañarse: pensar que ese día el chileno de a pie pidió que se modifique la Constitución prendiendo fuego a decenas de estaciones de metro sin que medie ninguna organización criminal a priori, es insensato. Equivale a creer que una casualidad hizo que gente pacífica y despolitizada decidiera de golpe destrozar su propio país porque ese día se dieron cuenta que terminar con la Constitución de Pinochet era terminar con el freno a su realización personal. No es así: el Estado de Derecho falló en controlar la quema de las estaciones de metro y los grupos que toman la calle fueron capaces de torcerle la mano a un gobierno. Pero antes, la derecha había sucumbido a las ideas retardatarias de un socialismo que nunca bajó sus aspiraciones de poder y que es productor de miseria en serie. Si la amenaza terrorista consiguió la reforma constitucional en Chile es gracias a la cobardía y al colaboracionismo de las elites políticas que han traicionado a sus representantes.
El cortoplacismo
Hoy, dos años y meses después resulta evidente que la izquierda sigue siendo más astuta, audaz y analítica que la derecha. La constituyente chilena es una concatenación de ridiculeces y protagonistas estrafalarios, pero ese circo de freaks está tallando los destinos de lo que fue el país más estable y próspero de la región. En paralelo tuvieron lugar unas elecciones presidenciales que llevaron al poder ejecutivo a un protagonista de los estallidos, un comunista sin estudios ni destreza conocida, reivindicador del terrorismo y del integrismo. Nadie puede hacerse el distraído con esto. La maniobra de la izquierda consistió en dos años de terror, muerte y fuego; justificación y narrativa; y elecciones formales y democráticas. Una jugada que consiguió sus objetivos, mientras que el resto del arco político pensaba “que no iba a pasar”. Que sigue siendo, justamente, la única posición común que tiene la oposición en estos días: la idea de que esta constitución “no se va a aprobar”.
Será por eso que todos los que se ubican a la derecha de la izquierda no logran aunarse en una posición común. No hay una postura compartida en la oposición que garantice el rechazo sin contemplaciones a la vesanía de esta Convención. Oponerse implica elevados costos y lo que prima es el corto plazo.
Pero pareciera que ese camino de sumisión no tiene retorno, que ha llegado a su fin. O será el fin del Chile que se conoció en las últimas cuatro décadas, aunque el Armagedón no vaya a ocurrir mañana. Ante un régimen con las características del que se ha instalado en la Convención y en el nuevo gobierno -se ha llenado de comunistas, puros y duros- no queda más remedio que presentar un frente unido para decir no, aunque sobren los que propongan transformar la locura en algo sensato mediante algún maquillaje. Ningún artilugio alcanzará para que la norma que surja de esta convención deje de ser demencial, porque es una insensatez que sus propios integrantes no representen a Chile, y porque una a una las medidas que se proponen destruyen la esencia de la institucionalidad democrática.
No se puede cometer el mismo error de siempre. No hay futuro para Chile bajo esta complacencia de la derecha que condena al país a vivir esta pesadilla socialdemócrata. La izquierda no sabe perder, no se agacha, sólo toma impulso. No hay manera de volver a tener un Chile que crezca y elimine la pobreza si no se entiende esto, porque siempre creemos que no va a pasar lo que finalmente pasa. El diagnóstico está mal porque se está negando lo que es y tratando de justificar lo que no es.
Hay que enfrentar a este grupo de personas que quieren realizar una transformación radical del país con su propia agenda de poder, porque están dispuestos a saltarse a la torera la libertad, la separación de poderes y la igualdad ante la ley, elementos apreciados como de poca monta, y convertir las instituciones de la democracia en instrumentos de la tiranía.
Habrá una nueva constitución, porque la mayoría ya lo pidió. Pero no así. No de cualquier manera. No por esta vía loca. (El Líbero)
Eleonora Urrutia