Hasta ahora, el debate constitucional ha estado marcado por el plebiscito y, luego, por el inventario de los derechos que debe incluir una nueva Carta Fundamental. Siendo válidas ambas preocupaciones, creemos que ya es hora de concentrar el interés hacia lo que consideramos el corazón de la reforma.
Es sabido que las constituciones tienen dos grandes componentes. Uno, el reconocimiento de derechos y deberes fundamentales y, otro, una definición de cómo la comunidad a la que regla ha decidido estructurar el poder. Y aunque parezca políticamente incorrecto decirlo, es este segundo cuerpo de normas el que tiene mayor importancia. Como bien ha definido Patricio Zapata, una Constitución es una ley fundamental y un pacto político cuyo objeto es limitar el poder estatal, proteger los derechos de todas las personas y encauzar la acción política del pueblo. Jorge Correa, de un modo igualmente acertado, ha dicho que una Constitución es, ante todo, “un modo de organizar, dividir, limitar y controlar el poder político”.
La historia del constitucionalismo no es la de cómo se fueron agregando nuevos derechos o garantías a las cartas fundamentales. Como dice Loewenstein, “han pasado muchos siglos hasta que el hombre político ha aprendido que la sociedad justa, que le garantiza sus derechos individuales, depende de la existencia de límites impuestos a los detentadores del poder”.
Una Constitución no tiene por objeto lograr unas determinadas políticas públicas, sino resolver, de un modo compatible con la dignidad y la libertad de las personas, el problema del poder: ¿Quién gobierna? ¿Cómo se designa al que gobierna? ¿Cuáles son sus atribuciones y los límites de esas atribuciones? ¿Cómo dividir el poder de modo de impedir su excesiva concentración? ¿Cuáles son las garantías para impedir el abuso y la tiranía? ¿Cómo proteger las garantías individuales respecto del poder? ¿Cuáles son los derechos inalienables de las minorías y cuáles los límites de las mayorías? ¿Cómo hacer responsables a los gobernantes ante los gobernados?
La esencia del constitucionalismo es la consideración de la Carta Fundamental “como principio restrictivo del poder” (C. J. Friedrich); el pacto político que norma las luchas por conquistarlo, el modo de ejercerlo y de conservarlo; que asegura que los gobiernos sean elegidos en elecciones competitivas, en las que participen los partidos de oposición; que los partidos tengan derecho a buscar abiertamente el apoyo de la población, lo que debe incluir el acceso a la prensa, la libertad de expresión y reunión, y la protección contra el arresto arbitrario; que los regímenes derrotados en las urnas se retiren y los perdedores no sean perseguidos políticamente, sin perjuicio de las normas de responsabilidad política, penal o administrativa, vigentes en todo ordenamiento; que los gobiernos elegidos gobiernen realmente y no sean meramente representantes de poderes fácticos.
No se trata de negar o subestimar que una Constitución reconozca derechos sociales; pero hay que ser conscientes que ello no asegura su cumplimiento. Venezuela y Ecuador tienen constituciones (la de Chávez en 1999 y la de Correa en 2008) que incorporan el más amplio listado de derechos y, sin embargo, ambos figuran entre los que tienen menores cumplimientos de ellos. Por el contrario, países europeos cuyas cartas no los mencionan, comparativamente, los alcanzan en exceso.
Nuestro propósito es llamar la atención sobre la necesidad de concentrar el mayor interés en el debate de la parte orgánica de la nueva Constitución. La preocupación por la división y limitación del poder ha sido, por siglos, uno de los objetivos más valiosos de los sectores avanzados de las sociedades, pues ello es parte de los esfuerzos por impedir dictaduras de todo tipo. Pero la organización y los balances de poder, además de salvaguardar derechos y libertades, deben hacerse de modo que faciliten el buen gobierno y eviten su parálisis: sistemas que permitan gobiernos fuertes, auténticamente democráticos, capaces de sostener políticas eficaces y coherentes.
Genaro Arriagada
Jorge Burgos
