Se puede decir que Chile ha tenido cuatro constituciones: la de 1833; la de 1925; la de 1980 y la actual. El tiempo de redacción de ellas fue disímil, siendo el de la primera, el más extenso, pues a partir de 1822 Chile vivió una década de “frenesí constituyente” (intentos fallidos como las Cartas de 1822; 1823 y 1828) a cuyo término se aprobó la de 1833.
El segundo más largo fue el de la Constitución del 80, elaborado por una comisión que demoró cinco años, que luego el Consejo de Estado revisó por 22 meses, la Junta Militar discutió 40 días y un plebiscito que copó cuatro semanas: vale decir, 90 meses.
Más breve fue el de la Carta del 25, que se inició con el regreso al poder de Arturo Alessandri, en marzo de 1925, y que en agosto fue plebiscitada: cinco meses. Sin embargo, esa cifra es cuestionable ya que la Constitución del 25, dos semanas antes de entrar en vigencia, cayó en el limbo, pues Alessandri fue despojado de la presidencia, con lo cual solo empezaría a ser aplicada en 1932, esto es, siete años después de aprobada.
De modo que se puede sostener que el lapso más breve corresponde al proceso que acaba de terminar, que tomó, desde el plebiscito de entrada hasta la reciente consulta, cuatro años.
En su génesis, ninguna de estas constituciones estuvo exenta de violencia. La de 1833 fue aprobada después de una guerra civil, donde la derrota de los “pipiolos” hizo posible que los “pelucones” redactaran su texto. La de 1925 nació en medio de un sistema político que se desplomaba y los siete años que demoró su puesta en marcha estuvieron marcados por un período de anarquía, que bordeó la guerra civil, comprendió una dictadura militar y una república socialista que duró cien días. La Carta del 80 nació manchada por la dictadura que la impuso. Y aunque suene extraño, el actual proceso —no obstante el estallido de octubre— es el que transcurrió en un clima más pacífico.
La elaboración de estas cartas fue muy distinta. La de 1833, escrita por una comisión de 16 diputados y 20 ciudadanos, no electos sino designados. La del 25 debió ser redactada por una Asamblea Constituyente que muy luego dejó de funcionar, para ser reemplazada por una comisión nombrada por Alessandri y que actuó bajo la presión de los militares. La elaboración de la de 1980 es un caso de la mayor opacidad. Comparativamente, en lo formal, el proceso que acaba de terminar es superior en todas sus etapas: un plebiscito en 2020, donde el 78% acuerda redactar una nueva Constitución; la elección en 2021 de una Convención, cuya propuesta fue rechazada, en 2022, por el 62%; en 2023 se inicia un segundo intento con la elección de un Consejo, cuya propuesta también es desechada, esta vez por un 56% del electorado.
De las cuatro constituciones, tres fueron aprobadas en plebiscitos, aunque de muy distinto valor. El del 25 fue realizado con un Congreso disuelto y en el que partidos decisivos se negaron a participar. El del 80 fue un fraude de inicio a fin. Los tres plebiscitos de la Carta actual fueron impecables y su participación electoral, la más alta de las que haya registro.
Por la brevedad del tiempo que tomó, el carácter electivo de sus miembros, la menor violencia que la rodeó, la participación popular, el cuarto proceso es superior. Sin embargo, en su contra se levanta una objeción no menor: en su contenido, cuatro años para llegar al punto de partida.
Calificar una Constitución supone tener en mente el propósito de ese instrumento. Si se buscaba que ella consagrara las bases de un programa de gobierno o la refundación de la república, esa no es la función del constitucionalismo democrático. El país, sabiamente, rechazó el 4-S el desvarío izquierdista y el 17-D, el de derecha.
La palabra clave del proceso no es victoria ni derrota, sino legitimidad, esto es, respetar las decisiones de las instituciones cuando ellas se ajustan a las reglas y normas que hemos aprobado y hacerlo aunque discrepemos.
La Carta de 1980, no obstante las 69 reformas a que fue sometida entre 1989 y 2023, nunca logró superar su ilegitimidad de origen. La refrendación plebiscitaria del mes pasado ha dado a ese texto, una y otra vez reformado, una sólida legitimidad. En tal sentido, es posible hablar de una nueva Constitución y validar el camino recorrido.
Por supuesto, el texto aprobado es imperfecto y tiene fallas, pero es la propia Carta la que señala los órganos, procedimientos y quorum a que debe ajustarse su reforma. (El Mercurio)
Genaro Arriagada Herrera
