En Chile, se ha observado un cambio similar en los patrones del delito. Pese a que los datos objetivos demuestran que ha habido una tendencia a la baja en el número de eventos delictivos y una consecuente disminución de la probabilidad de ser víctima, paralelamente se ha observado un aumento de delitos en extremo violentos, como cierto tipo de homicidios, especialmente los perpetrados por imputados desconocidos. A esto se suma una mayor presencia de balaceras —algunas de las cuales han resultado con menores asesinados—, un aumento en la oferta de drogas y la duplicación de los secuestros extorsivos (Carvacho y Rufs, 2023). Todo esto crea gran inquietud en la población.
En este contexto, el Centro Justicia y Sociedad UC, hace un año decidió convocar a un grupo de expertos para conformar un Consejo Transversal para la Política de Seguridad y Justicia. Este Consejo estuvo integrado por académicos/as de diferentes universidades, profesionales expertos en el sistema penitenciario, exautoridades del Ministerio de Justicia, de la Defensoría Pública y de la Fiscalía. El grupo se constituyó como un espacio de reflexión e incidencia en torno a la presencia de la intensa agenda legislativa político-criminal, concentrándose en las iniciativas que se han planteado en cuatro ámbitos de la seguridad, como son: políticas policiales, persecución penal, institucionalidad y crimen organizado. El informe final es público y está disponible (justiciaysociedad.uc.cl).
El trabajo del Consejo dio cuenta de que, a pesar de que existen proyectos de ley que prometen avances y mejoras en el ámbito de la seguridad, la mayoría carece de estrategias innovadoras y, en ciertos casos, algunas propuestas podrían resultar contraproducentes.
En lo que respecta al control del crimen, se abordan dimensiones que no parecen reformar de manera significativa tanto las fuerzas policiales como su relación con la ciudadanía. Las iniciativas legales carecen de un enfoque integral para abordar la complejidad de la función policial. Estas se centran en Carabineros y en la Policía de Investigaciones, ignorando otras instituciones relevantes, como el Servicio de Aduanas, Gendarmería y Directemar, y otros cuerpos afiliados, como lo son las guardias municipales y seguridad privada. Un enfoque sistémico podría generar avances más significativos, especialmente en el control del crimen organizado.
En el ámbito del sistema de persecución, existen proyectos que apuntan a la disminución de la impunidad, aumentando la probabilidad de captura y resolución de casos, así como la promoción de la integración social de infractores mediante intervenciones psicosociales, los que son considerados acertados. Sin embargo, algunos proyectos promueven el uso de la cárcel y limitan las opciones de desvío temprano del proceso penal, agravando el problema del hacinamiento carcelario y otras consecuencias derivadas del uso masivo de la cárcel. Esto es muy complejo, en un contexto donde la población carcelaria ha aumentado considerablemente en los últimos años.
En relación con la institucionalidad, aunque existen iniciativas en discusión, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, lo que tiene aspectos positivos, estas no logran proporcionar claridad en cuanto a su gobernanza a nivel regional y local, lo que significa un aspecto crucial para la capacidad preventiva del Estado en materia de seguridad. La ausencia del Estado en ciertos territorios del país es algo clave que debe ser abordado en el diseño de dicha institucionalidad con el fin de contrarrestar el control territorial de grupos criminales. Asimismo, no existe una orientación clara hacia la prevención social del crimen, concentrándose principalmente en la vigilancia y el control.
En cuanto a las medidas dirigidas al crimen organizado, algunas de ellas presentan importantes avances en el fortalecimiento de la institucionalidad para investigar organizaciones complejas y la corrupción. Asimismo, se establecen acciones en relación con mejorar la tecnología disponible para investigar y prevenir estos delitos. Sin embargo, la principal debilidad es la ausencia de un diagnóstico sólido y de la consideración de aspectos como la resiliencia institucional del país, la cual podría contrarrestar el supuesto avance del crimen organizado.
En resumen, aunque la agenda legislativa examinada presenta avances importantes, se caracteriza por una desarticulación y no es capaz de trazar una senda hacia una política de Estado a largo plazo en el ámbito de la seguridad. Si bien no se espera que las iniciativas legislativas resuelvan por sí mismas el problema de la inseguridad, es exigible que faciliten cambios concretos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyan a un país con menores niveles de violencia y mayor paz y cohesión social. (El Mercurio)
Catalina Droppelman R.
Directora ejecutiva, Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC
Ignacio Sánchez D.
Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile
