El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, criticó este jueves la interpretación de la Contraloría General de la República respecto a la gestión que debe tener Codelco.
El organismo contralor ha cuestionado que en algunos contratos la minera no se apegue a las normas de la Ley de Compras Públicas, ya que utiliza el modelo entregado en su gobierno corporativo, que se asemeja a la administración de una sociedad anónima.
Según Villarino, dicha interpretación podría ser un «golpe dramático» para el desarrollo de los proyectos estructurales de la minera estatal. En concreto, la discusión de fondo es si la minera debe ser administrada como empresa o como servicio público.
«La interpretación de Contraloría es francamente dura y dramática para el desarrollo de la actividad de Codelco», aseguró Villarino al exponer en el desayuno `Minería, un futuro incierto`, organizado por Asimet.
«No puede permitirse el lujo de pasar a ser administrada como un servicio público, eso puede ser un golpe dramático para el desarrollo de proyectos. Ya se nos ha notificado por el presidente de Codelco que comienzan a tener problemas para la toma de decisiones», precisó.
NUEVO DICTAMEN DE CONTRALORÍA
“El dictamen cuya reconsideración se solicita se ha limitado a exigir al directorio de Codelco el mínimo resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar en cuanto administrador de bienes ajenos y, particularmente, de recursos públicos”.
Este duro párrafo es el cierre de un nuevo dictamen de la Contraloría General de la República publicado este jueves, y en donde el contralor Jorge Bermúdez no acepta el pedido de reconsideración solicitado por la cuprífera ante una decisión previa en que cuestionaba la fórmula con que se concedían millonarias indemnizaciones a funcionarios que dejaban la empresa.
La decisión es un nuevo hito en la escalada del enfrentamiento entre la entidad de control y la empresa, que ha incluido incluso pronunciamientos de parte de la Comisión Chilena del Cobre defendiendo los pagos. “Hay un nuevo criterio en Contraloría, que el contralor aclarará en algún momento cuál es su profundidad”, señaló a La Tercera Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la entidad.
Pero el nuevo criterio se mantiene en el dictamen de cinco páginas, que responde además a una dura presentación en que Codelco cuestionaba en duros términos a la Contraloría por considerar que se había excedido de sus funciones. “Resulta improcedente que Contraloría lleve a cabo actividades de control como aquellas que en la especie ha efectuado respecto de mi representada”, señalaba el documento entregado por el abogado Nikolai Bakovic, en representación de la cuprífera.
Además, la presentación señalaba que con su interpretación, la Contraloría había “controvertido el carácter de empresa del Estado de Codelco” y “ha puesto, en virtud de todo ello, indebidamente en jaque las normas de Gobierno Corporativo que le aseguran (o debiesen asegurarle) a sus órganos directivos una idónea administración y gestión de la empresa en el mercado cuprífero mundial”.
RESPUESTA DE BERMUDEZ
Pero el contralor en su respuesta cita una serie de artículos, dictámenes y jurisprudencia previa que sustentarían la atribución de la entidad de control para fiscalizar a Codelco. “Constituye un elemento consustancial al Estado de Derecho, que sus órganos (del Estado) y, en particular, aquellos que forman parte de su Administración estén sujetos a control público”, afirma en uno de los primeros párrafos.
A continuación, Bermúdez cita el artículo 98 de la Constitución y el decreto con fuerza de ley N° 1 de 1987, que creó Cochilco como fundamentos legales. “De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 (…) esta Contraloría General fiscaliza, a través de esa comisión, a las sociedades colectivas del Estado o a la o las empresas que sean sus continuadoras legales, calidad que tiene Codelco”, se señala.
“Adicionalmente, el inciso cuarto de la citada norma legal permite a esta Contraloría General fiscalizar directamente a Codelco en las condiciones que indica”, agrega Bermúdez.
“Este organismo de control, al conocer de una denuncia que involucraba el uso de fondos públicos sujetos a su fiscalización, no podía sino, en cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le encomienda, fiscalizar tal situación”, indica en un nuevo punto la respuesta de Contraloría, agregando que “Codelco, como parte de la Administración del Estado, encargada de la explotación de un recurso estratégico para el país, debe manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos”.
“En consecuencia, esta Contraloría General, al advertir sobre una situación particular que verificó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante el dictamen impugnado, dejó de manifiesto una realidad referida a que Codelco, en su calidad de empresa pública creada por ley e integrante de la Administración del Estado, debe ajustar su actuar, en las decisiones que adopte, a los principios de eficiencia, eficacia y probidad”, sentencia Bermúdez en uno de los últimos párrafos donde rechaza la reconsideración.
REACCIÓN DE CODELCO
Esta tarde, Codelco reaccionó al dictamen dado a conocer hoy por La Tercera en que la Contraloría rechaza el pedido de reconsideración hecho por la empresa estatal al dictamen donde cuestionó las prerrogativas para fijar beneficios para sus empleados superiores a los existentes en el Código del Trabajo.
“El informe recibido hoy, firmado por el contralor Bermúdez, señala que el pronunciamiento ‘de manera alguna significa impedir que la anotada empresa pública dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores; como tampoco implica desconocer sus facultades para llevar a cabo negociaciones colectivas con estos y hacer efectivos los respectivos acuerdos’”, indica el comunicado de la cuprífera.
El texto agrega que “la empresa recibe con tranquilidad el reconocimiento de las atribuciones de su gobierno corporativo y del modelo de gestión, que ha puesto en su centro los principios de eficacia, eficiencia y probidad, para lo cual su directorio en los últimos años ha profundizado su normativa y mejorado sustantivamente sus prácticas, especialmente en las materias señaladas por la propia Contraloría, muy por sobre la exigencia legal para empresas privadas y organismos públicos”.
Además, Codelco indica que “la empresa confía en que los criterios contenidos en este dictamen aclaratorio, que confirman las facultades de administración y disposición que la ley radica en el directorio de la empresa, serán también ratificados en relación con las restantes materias propias de la gestión del gobierno corporativo”.
La empresa también destaca que la indemnización por más de $500 millones que dio origen a la disputa, se ajusta a lo adeudado, de acuerdo a lo que han marcado diversas investigaciones.
CODELCO TRAMITA BONOS POR US$ 1.600 MILLONES
Fitch Ratings informó este jueves que Codelco está en trámite de inscripción de una nueva línea de bonos a 30 años plazo por un monto de UF 40 millones, equivalente a cerca de US$1.600 millones.
La agencia le asignó una clasificación ‘AAA’ con perspectiva estable.
El objetivo de la emisión es el financiamiento del plan de inversiones, el refinanciamiento de pasivos o una combinación de ambos, añadió Fitch. (Emol-La Tercera)
