Hasta la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados llegó este miércoles el presidente (s) del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Sebastián Izquierdo, para exponer la mirada que tiene la entidad respecto al impacto fiscal del proyecto del Gobierno que busca poner fin al CAE, y crear un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).
Se trata de una de las iniciativas más emblemáticas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este instrumento busca eximir de cobros a los estudiantes de la educación superior, salvo a quienes pertenezcan al décimo decil, los que deberán aportar un copago.
El Estado, por su parte, transferirá a las instituciones el monto equivalente a la suma del arancel regulado y los derechos de matrícula básica, descontando las becas de arancel que persistan (dichas becas serían reemplazadas por el FES).
Una vez egresados -según el proyecto- los beneficiarios deberían contribuir en base a sus rentas anuales por un periodo de cuatro años por cada año cursado haciendo uso del instrumento, con un tope máximo de 20 años.
Izquierdo, en su exposición, recalcó que el Consejo solo se refiere a los temas fiscales del proyecto, y no hace un juicio de valor respecto de este. Asimismo, subrayó que el análisis es preliminar y representa a todos los miembros del CFA. Dicho eso, planteó algunas observaciones respecto de los informes financieros que acompañan a la iniciativa y sostuvo que sería «pertinente» incluir mayor información, «como el número de beneficiarios, rentas promedio y algunos otros supuestos».
También consideró relevante aclarar «cómo estamos determinando el activo financiero que tiene este instrumento». «Sabemos que no se consideraría como préstamos o crédito, por lo que tenemos dudas de cuál sería la naturaleza. Es importante profundizar aquello», señaló.
Por lo mismo, propuso crear una instancia de coordinación para dilucidar esto.
CUATRO RIESGOS FISCALES RELEVANTES
Tras ello, Izquierdo planteó los cuatro principales riesgos fiscales que ve el Consejo respecto al FES. En primer lugar, hizo alusión al supuesto en el proyecto de que las contribuciones provendrán de las rentas de las personas que hayan estudiado con este instrumento, estimando un crecimiento anual de las rentas laborales del 2%.
«Dada la magnitud, sería bueno simular con otras tasas de crecimiento, más altas y bajas, en el sentido de tener mayores y menores contribuciones que hagan sostenible o no este proyecto», dijo.
El siguiente riesgo -continuó- dice relación con la posibilidad de que un porcentaje de personas busque evitar el cobro por el uso del FES, a través, por ejemplo, de un trabajo informal o subdeclaraciones de renta. Para el Consejo simular aquello es «relevante».
Un tercer punto tiene que ver con que el FES convivirá con la gratuidad y podría ocurrir que entidades adheridas al FES y no tengan gratuidad, puedan ir incorporándose a esta última. «Eso generaría menores desembolsos para el FES, pero mayores para la gratuidad». «Eso tiene ciertas implicancias en recursos fiscales», sostuvo Izquierdo.
El último riesgo relevante resaltado por el Consejo Fiscal está vinculado a que alrededor de un 30% de los estudiantes pagaría un monto entre 1,5 y 3,5 veces el costo de su carrera.
Por lo tanto, Izquierdo sostuvo que «uno podría pensar que un porcentaje de esos estudiantes puede que le resulte más costoso adherirse a este instrumento y podrían excluirse del sistema, lo que reduciría las contribuciones futuras de las personas que tendrían altas rentas».
«Podría tener un impacto fiscal. Se podrían hacer simulaciones que impliquen una menor participación de usuarios en esos rangos, y ver cómo sería la sostenibilidad fiscal en esa situación», agregó.
En conclusión, señaló que «hay que saber cuáles son estos riesgos, hay que simularlos y también buscar medidas de mitigación, porque todo proyecto va a tener riesgos, pero creemos que es importante dimensionarlos, simularlos y, de esa manera, aminorarlos», cerró.
PARLAMENTARIOS PIDEN FRENAR VOTACIÓN
Si bien el acuerdo mayoritario en la comisión era retomar la votación en particular del proyecto en agosto, tras el regreso de la semana distrital, parlamentarios de oposición y de la Democracia Cristiana solicitaron postergar la discusión hasta que el Ejecutivo acoja las observaciones formuladas por el CFA.
En ese contexto, el diputado Miguel Mellado (RN) advirtió que «nosotros no podemos seguir votando este proyecto del FES si es que no están las sensibilizaciones y estos riesgos fiscales que llamó a consideración el Consejo Fiscal Autónomo. Mientras esto no se cumpla, debemos negarnos a seguir votando este proyecto».
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Ricardo Cifuentes afirmó que «de verdad no se entiende cuál ha sido la tozudez del Ejecutivo en no allanarse antes a estas sensibilizaciones«.
Agregó que «aquí está más que demostrado que el proyecto no está maduro para un análisis completo y serio. Hay varias otras cosas que no están consideradas acá por la naturaleza del informe».
Por su parte, el diputado Carlos Bianchi (Ind-PPD), quien actualmente preside la comisión en reemplazo del diputado Boris Barrera (PC), que está con licencia médica, también expresó reparos y advirtió que el proyecto podría no prosperar en el Senado. «Yo entiendo que lo ideológico quiere primar en campaña y que uno quiere mandar mensajes en campaña, pero de lo que tenemos que hacernos cargo es que esto se financie, que esto resulte, que esto sea mejor que el CAE, que la gente no tenga que verse endeudada de sobremanera para poder estudiar en nuestro país», agregó.
Aunque la solicitud de detener la votación no fue acogida por la comisión, la diputada Gael Yeomans propuso que en la próxima sesión se convoque a las autoridades del Gobierno para que respondan a las observaciones del CFA, lo que fue aceptado por la instancia. (Emol)
