Finalmente las salmoneras respiraron. A última hora del lunes, la Comisión Mixta del Congreso terminó de sesionar sin conseguir los votos necesarios para prohibir las concesiones acuícolas en áreas protegidas.
La indicación formaba parte del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que lleva alrededor de una década en trámite. Y si bien la iniciativa es más amplia buscando crear una nueva institucionalidad con el fin de custodiar estas zonas, debido a su impacto en la industria salmonera y las movilizaciones de sus trabajadores, fue ese artículo en particular el que se robó la discusión los últimos días.
Los gremios habían alertado que cerca del 60% de las concesiones operativas se encuentran en áreas protegidas, por lo que irían siendo eliminadas poco a poco de no mediar relocalizaciones.
Pero ganada esta batalla, salmonicultores saben que el tema está lejos de haberse resuelto. La industria sigue siendo una muy judicializada y foco de constantes conflictos con autoridades y organizaciones ambientales.
“Hay ánimo en el sector de iniciar un debate de reordenamiento territorial”, asegura Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. El dirigente cree que una de las grandes causas de los conflictos ambientales y la judicialización de la industria es una regulación deficiente. Considera que la Ley SBAP, finalmente, terminará siendo un aporte por la introducción de factores como mecanismos claros para establecer nuevas áreas protegidas y planes de manejo para discutir los usos y objetos de protección de cada reserva. Sin embargo, advierte que el SBAP será otro fiscalizador más para las empresas y espera que la aplicación de la ley venga de la mano con una planificación para la industria.
PRÓXIMO MARCO REGULATORIO
En octubre pasado, en entrevista con este medio, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, adelantó que el Gobierno planea ingresar un proyecto de ley que cree un cuerpo regulatorio específico para la salmonicultura.
Actualmente, el sector acuícola está regulado por la misma Ley de Pesca, que también busca ser renovada por el Ejecutivo. De hecho, lo más probable es que su ingreso a tramitación se anuncie este jueves en la Cuenta Pública del Presidente Boric. Posteriormente, las autoridades apuntarían a que, en paralelo, ambas iniciativas se discutan en el Congreso.
“Esperamos que la nueva Ley de Acuicultura sea el espacio para abordar los desafíos y responsabilidades ineludibles que enfrenta la industria y que podamos avanzar en una regulación moderna e innovadora que permita el desarrollo y la proyección sostenible medioambiental, social y económica de una actividad sumamente relevante para el progreso de toda la macrozona sur, austral y para Chile, toda vez que representa al segundo sector que más exporta”, dice Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón.
Odebret coincide y espera que esta ley pueda ser la instancia para planificar un marco regulatorio claro para la salmonicultura. (DF)
