El Congreso de los Diputados de España rechazó este viernes los dos decretos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez para enfrentar la crisis habitacional, que contemplaban la ampliación de las medidas de protección frente a los desalojos hasta 2030, restricciones a la compra especulativa de inmuebles y nuevas regulaciones para los contratos de arriendo. Las iniciativas fueron desestimadas con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y la formación independentista catalana Junts, en medio de protestas ciudadanas por las dificultades de acceso a la vivienda.

La votación se produjo después de varias jornadas de movilizaciones en distintas ciudades españolas, originadas tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que debió abandonar su vivienda en Madrid la semana pasada. El caso provocó manifestaciones y la instalación de campamentos de protesta en espacios públicos, entre ellos la Puerta del Sol de la capital.

Durante la sesión parlamentaria, centenares de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Congreso para seguir el debate y conocer el resultado de las votaciones. Tras confirmarse el rechazo de los decretos, los asistentes expresaron su descontento con consignas como “vergüenza, vergüenza” y “huelga general”.

Las propuestas habían sido acordadas por el Ejecutivo de coalición encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus aliados, con el propósito de introducir medidas urgentes para contener los aumentos de los alquileres, ampliar la protección de los arrendatarios y limitar determinadas operaciones inmobiliarias.

Entre sus disposiciones figuraba la prórroga de los contratos de arriendo que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028, por un período adicional de dos años, además de límites a la actualización anual de las rentas hasta fines de 2027.

En particular, se establecía un límite de incremento de 0% para los alquileres que superaran el máximo definido por el índice de referencia y de 2% para aquellos que se mantuvieran por debajo de ese umbral.

Los decretos también contemplaban extender hasta el 31 de diciembre de 2030 determinadas medidas de protección frente a los desalojos, así como imponer restricciones a la adquisición especulativa de viviendas hasta fines de 2028.

En materia tributaria, las iniciativas incluían deducciones fiscales para los inquilinos, bonificaciones destinadas a pequeños propietarios y una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) al 4% para la vivienda protegida.

Asimismo, proponían aplicar un IVA de 10% a los pisos turísticos, regular los contratos de alquiler por temporada y por habitaciones, y establecer mecanismos para limitar las operaciones de fondos de inversión inmobiliaria, denominados por algunos sectores políticos y sociales como “fondos buitre”.

Otra de las medidas consideradas era la entrega de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una tasa de interés de 0%, destinados a financiar el pago inicial necesario para acceder a un crédito hipotecario.

Las votaciones se realizaron mediante el llamamiento individual de los diputados, después de un debate en el que el Gobierno intentó conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para mantener vigentes las disposiciones.

Aunque inicialmente no estaba prevista su intervención, Pedro Sánchez tomó la palabra minutos antes de las votaciones y solicitó a los grupos políticos respaldar las iniciativas.

El presidente del Gobierno llamó a los parlamentarios a actuar con valentía y coherencia, y defendió los decretos como un conjunto de medidas “ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones”.

Sánchez advirtió que su rechazo tendría consecuencias importantes para las personas afectadas por los problemas de acceso a la vivienda. “El daño a nuestro país será inmenso”, afirmó, dirigiendo especialmente su llamado al PP y a Junts.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también intervino para defender las propuestas y cuestionó a los partidos que anunciaron su rechazo. Durante la discusión, representantes del Gobierno y de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE acusaron a sus adversarios de favorecer los intereses de los grandes inversionistas inmobiliarios por encima de las necesidades de los arrendatarios.

Uno de los principales esfuerzos del Ejecutivo se concentró en conseguir que Junts modificara su posición y optara por la abstención, alternativa que habría permitido aprobar los decretos.

Sin embargo, la portavoz de esa formación, Miriam Nogueras, mantuvo el rechazo y solicitó al Gobierno retirar ambas iniciativas para iniciar una nueva negociación sobre la base de un texto presentado por su partido.

La ministra Rodríguez descartó esa posibilidad y sostuvo que aproximadamente el 90% de las disposiciones propuestas por Junts ya estaban incorporadas en los decretos sometidos a votación.

Por su parte, PP, Vox y Junts coincidieron en cuestionar la eficacia de las medidas para resolver el déficit habitacional. Sus representantes argumentaron que las iniciativas no garantizaban una protección adecuada a los sectores más vulnerables, no impedirían los desalojos y tampoco resolverían los problemas asociados a la actividad de los grandes fondos inmobiliarios.

El debate parlamentario se desarrolló en un contexto de dificultades para acceder a viviendas en España, donde los precios han superado los niveles registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2008 y distintas estimaciones sitúan el déficit habitacional en aproximadamente 750 mil unidades.

La situación ha intensificado las demandas de organizaciones de arrendatarios y movimientos sociales, que reclaman una mayor intervención pública para enfrentar el encarecimiento de los alquileres y ampliar la disponibilidad de viviendas.

Durante la sesión también surgieron referencias a la posibilidad de que Sánchez convoque elecciones generales anticipadas, aunque únicamente dos diputados pertenecientes a formaciones minoritarias formularon abiertamente esa solicitud.

Con el rechazo parlamentario, los dos decretos decayeron y quedaron sin efecto las medidas extraordinarias que contenían. El Gobierno deberá recurrir a nuevas negociaciones legislativas si pretende impulsar disposiciones similares para enfrentar la crisis habitacional. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)