Tras casi ocho años de tramitación parlamentaria, la Cámara de Diputados aprobó y despachó este miércoles la ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado. La normativa, iniciada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y finalizada bajo la administración de Gabriel Boric, representa uno de los últimos hitos legislativos en seguridad antes del cambio de mando. Esta herramienta será fundamental para el presidente electo, José Antonio Kast, ya que dota a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de facultades operativas inéditas y establece una coordinación obligatoria con las Fuerzas Armadas y las policías.
El corazón de la reforma es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que agrupará a la ANI con las unidades de inteligencia de Defensa y Seguridad, sumando como colaboradores a Gendarmería, Aduanas y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entre las novedades más relevantes destaca la facultad para formar “agentes de campo” —funcionarios para operaciones en terreno— y la obligación del Presidente de dictar una Política Nacional de Inteligencia. Además, la ley faculta a la ANI para realizar informes sobre infraestructura crítica y ciberseguridad, áreas que anteriormente carecían de un marco regulatorio robusto.
MAYOR PODER OPERATIVO Y CONTROL DEMOCRÁTICO
La nueva legislación amplía las diligencias intrusivas, permitiendo intervenciones en comunicaciones y sistemas informáticos, así como el registro de inmuebles bajo estricto control judicial. Para evitar abusos o “inteligencia política”, la autorización de estas medidas ya no recaerá en las cortes de apelaciones, sino en dos ministros de la Corte Suprema designados especialmente. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que la ANI será ahora mucho más eficaz y operativa, superando las limitaciones legales que históricamente habían mermado su capacidad de anticipación.
En cuanto a la transparencia, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que la ley incluye un “control externo reforzado”. La Cámara de Diputados tendrá facultades de fiscalización permanente, la Contraloría realizará tomas de razón reservadas y se establecieron sanciones penales severas para quienes filtren información o desvíen los fines del organismo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas recibieron facultades explícitas para realizar labores de contrainteligencia interna, una medida diseñada específicamente para blindar a las instituciones castrenses frente a la posible infiltración del crimen organizado. (NP-Gemini-La Tercera)