El Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $54 millones a la madre y los abuelos de un joven de 19 años que murió tras ser atacado por otro interno al interior del recinto penitenciario de Puente Alto, al establecer que existió falta de servicio por parte de Gendarmería.

Nicolás Alejandro Pavez Uribe falleció el 21 de septiembre de 2018 luego de una riña ocurrida en la Torre 4 del establecimiento penal. La sentencia determinó que la institución penitenciaria incumplió su obligación de adoptar medidas adecuadas para garantizar la seguridad y protección de las personas privadas de libertad.

La familia sostuvo durante el proceso que Pavez ya había sufrido una agresión grave el 3 de mayo de ese mismo año. En aquella oportunidad recibió una herida de arma blanca que le provocó un trauma abdominal y posteriormente habría sido objeto de amenazas de muerte. Pese a esos antecedentes, los demandantes acusaron que no se implementaron medidas de resguardo eficaces para protegerlo.

En su sentencia, la jueza Soledad Araneda Undurraga estableció la responsabilidad estatal por falta de servicio y consideró, entre otros antecedentes, las condiciones de seguridad existentes en el establecimiento. El fallo consignó problemas de hacinamiento y la ausencia de cámaras de vigilancia.

La resolución concluyó además que no se cumplió adecuadamente con el deber de fiscalización destinado a impedir la fabricación y circulación de armas al interior del penal. Estos antecedentes permitieron al tribunal establecer la existencia de falencias atribuibles a Gendarmería.

El fallo reconoce, al mismo tiempo, las dificultades que enfrenta la institución penitenciaria para desarrollar sus funciones, entre ellas la insuficiencia de infraestructura y de recursos económicos y humanos frente a la cantidad de personas recluidas y al aumento de la peligrosidad de algunos internos. Sin embargo, el tribunal determinó que esas circunstancias no eliminaban las obligaciones de seguridad que correspondían a Gendarmería.

Durante el juicio, el Fisco argumentó que no debía responder por la muerte debido a que el ataque fatal había sido cometido por un tercero. El tribunal desestimó esa posición al considerar acreditadas deficiencias en las medidas de seguridad adoptadas dentro del establecimiento.

La sentencia señaló que Gendarmería no demostró haber dispuesto de un sistema de vigilancia suficiente para garantizar la seguridad de los internos ni acreditó medidas eficaces destinadas a impedir la fabricación, porte y utilización de armas blancas artesanales o hechizas dentro del recinto.

Sobre esa base, el Tercer Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad del Fisco y ordenó indemnizar a la madre y los abuelos de Pavez por un monto conjunto de $54 millones. (NP-ChatGPT-La Tercera)